El Brent subió 3,3% hasta 90,97 dólares este lunes tras nueve noches seguidas de ataques de Estados Unidos contra Irán y la ruptura de la tregua en el estrecho de Ormuz. La escalada llega justo después de que el Gobierno boliviano prorrogara el congelamiento de precios de los combustibles.
El Decreto Supremo 5652 mantiene el litro de gasolina en Bs 6,96 y el de diésel en Bs 9,80, y autoriza al Ministerio de Economía a transferir hasta Bs 1.000 millones a YPFB para cubrir la diferencia entre lo que cuesta importar los combustibles y lo que paga el consumidor en el surtidor. La viceministra de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio Patzi, explicó que la decisión responde a evitar impactos adicionales en la economía nacional tras las protestas y bloqueos de mayo y junio. El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos cuestionó la medida por considerarla política, ya que el Estado terminará pagando por los combustibles un precio mayor al que cobra al consumidor final. Con el Brent otra vez por encima de 90 dólares, esa diferencia que YPFB debe cubrir con recursos públicos se amplía todavía más.
El consumidor boliviano gana en el corto plazo porque no paga en el surtidor el nuevo salto del petróleo internacional. El Estado y YPFB son quienes pierden, porque deben financiar con recursos públicos una brecha que se hace más cara cada noche que continúan los ataques en Medio Oriente. Transportistas y el sector agropecuario se benefician de la estabilidad inmediata de precios, aunque dependen de que el Tesoro pueda sostener el subsidio en el tiempo. Los importadores privados, recientemente habilitados para traer y vender combustible a precio de mercado, tienen pocos incentivos para competir mientras el precio congelado siga muy por debajo del costo internacional. El conjunto de contribuyentes, en última instancia, absorbe el costo fiscal creciente de un subsidio que se aplica en un momento de escasez de divisas.
El propio informe de mercados que registró el salto del Brent advierte que cada día adicional de tensión en el estrecho de Ormuz refuerza la probabilidad de que los precios de la energía se mantengan altos por más tiempo, con bancos centrales como el Banco Central Europeo evaluando incluso nuevas subas de tasas por la presión inflacionaria que genera el petróleo caro. Para Bolivia, eso significa que el congelamiento de seis meses recién decretado podría llegar a su revisión de enero de 2027 con una factura de importación bastante más alta que la que motivó la medida.
