El 59 por ciento de las grandes organizaciones considera que alcanzar una soberanía digital completa no es un objetivo realista. El dato forma parte de un estudio del Capgemini Research Institute presentado este martes, basado en una encuesta a 1.300 ejecutivos de empresas y entidades públicas.

La mayoría reconoce que sus operaciones dependen de servicios externos de nube, inteligencia artificial, software, centros de datos y cadenas internacionales de suministro. Por eso, la discusión está cambiando. En lugar de intentar construir toda la infraestructura dentro de la empresa, las organizaciones buscan identificar qué sistemas son críticos, quién puede acceder a los datos y cuánto tiempo tomaría reemplazar a un proveedor.

Karine Brunet, directora de Operaciones y Entrega de Capgemini e integrante del comité ejecutivo del grupo, explicó que la soberanía digital no consiste en alcanzar una autonomía completa, sino en comprender las dependencias tecnológicas para recuperar control y flexibilidad frente a los riesgos.

El cambio responde a interrupciones operativas, conflictos geopolíticos, nuevas regulaciones y una concentración creciente de servicios digitales en pocas compañías globales. El estudio señala que 86 por ciento de las organizaciones analizadas presenta una exposición significativa a cadenas controladas desde el extranjero.

Proteger todo cuesta demasiado y proteger poco también

Las grandes empresas tecnológicas ganan porque la migración a la nube y la adopción de inteligencia artificial mantienen la demanda de sus plataformas. Sin embargo, también enfrentarán clientes más exigentes, contratos con mayores garantías y solicitudes de portabilidad de datos.

Las empresas usuarias pueden reducir costos al contratar infraestructura externa, pero pierden capacidad de reacción cuando dependen de un solo proveedor. Más de un tercio de las organizaciones encuestadas afirmó que cambiar un proveedor crítico tomaría más de un año. Una de cada diez señaló que no tiene una alternativa viable.

El riesgo no es únicamente tecnológico. Una caída prolongada puede detener ventas, logística, pagos, atención al cliente y procesos internos. En sectores regulados, la pérdida de acceso o control sobre la información también puede provocar sanciones y daños reputacionales.

Los proveedores locales de tecnología aparecen como posibles ganadores si las empresas deciden diversificar servicios, almacenar copias de seguridad dentro del país o contratar soporte cercano. No obstante, deberán demostrar estándares de seguridad, continuidad operativa y capacidad técnica comparables con los actores globales.

Para los trabajadores tecnológicos, la tendencia abre demanda en ciberseguridad, gestión de datos, arquitectura de nube y evaluación de proveedores. Al mismo tiempo, las empresas necesitarán capacitar a sus equipos para responder a incidentes sin depender totalmente del soporte externo.

Bolivia necesita control selectivo y planes de salida

En Bolivia, la discusión es especialmente relevante para bancos, aseguradoras, comercios, telecomunicaciones, industrias y entidades públicas. Muchas organizaciones utilizan plataformas internacionales sin conocer completamente dónde se alojan sus datos, qué servicios dependen de una misma empresa o cuánto costaría trasladar sus operaciones.

Pretender una independencia tecnológica absoluta sería costoso y poco realista para la mayoría de las compañías bolivianas. La alternativa es aplicar soberanía selectiva. Esto implica clasificar la información crítica, establecer copias de seguridad, exigir condiciones claras de acceso, diseñar planes de contingencia y evitar que todos los procesos esenciales queden concentrados en un solo proveedor.

El Estado gana capacidad de protección cuando define reglas claras sobre datos y continuidad operativa. Sin embargo, una regulación excesiva podría elevar costos y limitar el acceso a herramientas globales. Las empresas grandes tienen mayores recursos para adaptarse, mientras que las pequeñas pueden quedar rezagadas si las exigencias técnicas se vuelven demasiado complejas.

Los consumidores son los principales beneficiarios cuando las empresas protegen adecuadamente su información y mantienen sus servicios durante una interrupción. También son quienes asumen el mayor daño cuando una falla bloquea pagos, expone datos personales o paraliza una plataforma esencial.

La próxima etapa no será medir cuánta tecnología posee una empresa, sino cuánto control conserva sobre sus procesos críticos. En Bolivia, las organizaciones que comiencen ahora a mapear sus dependencias podrán negociar mejor con proveedores y reducir interrupciones. Las que posterguen esa revisión descubrirán su vulnerabilidad recién cuando un servicio deje de funcionar.