El Gobierno boliviano estableció a mediados de agosto un esquema de precios diferenciado para el diésel. Los llamados grandes consumidores, entre ellos empresas agroindustriales y mineras, pagan ahora un precio de referencia de Bs 18 por litro, mientras el transporte público y los usuarios particulares mantienen el precio subvencionado de Bs 9,80. Para el sector agropecuario del Beni y Santa Cruz, que usa maquinaria pesada y transporte de carga a gran escala, la medida representa un salto de costos que no pueden trasladar de inmediato a sus precios de venta.

El campo bloquea y el Gobierno negocia contra el reloj

Productores de la provincia Marbán, en Beni, instalaron el bloqueo en el puente San Pablo a fines de agosto, cortando por varios días el tránsito de buses y camiones entre Santa Cruz y Trinidad. Hubo momentos de tensión, con quema de llantas y suspensión de salidas del Terminal Bimodal, hasta que se alcanzó un acuerdo temporal de cuarto intermedio que reabrió la vía y estableció un plazo hasta el viernes para avanzar en compromisos sobre el abastecimiento de combustible. El trasfondo no es solo el precio: los productores también denuncian escasez y dificultades logísticas para conseguir diésel en sus zonas.

Quién paga la factura del ajuste

El Estado busca aliviar la carga fiscal de la subvención a los combustibles, que durante años ha sido uno de los principales factores de presión sobre las cuentas públicas. Las grandes empresas agroindustriales y mineras absorben el nuevo costo o intentan trasladarlo a sus precios, lo que tensiona su competitividad frente a productos importados. El transporte público y el consumidor final quedan protegidos por ahora, pero el riesgo de que el esquema se extienda a más segmentos sigue abierto. Los productores agropecuarios medianos, que no siempre califican como pequeños consumidores subvencionados, quedan en una zona gris donde el costo de operar sube sin que sus ingresos lo hagan al mismo ritmo.