Mayo es el mes más exigente del calendario agrícola del oriente boliviano. En él se superponen dos operaciones que no admiten demora: el cierre de la cosecha de verano en el Norte Integrado y el inicio de la siembra de invierno en la zona este del departamento de Santa Cruz. Las dos dependen del mismo insumo. Jaime Hernández, gerente general de Anapo, lo resumió sin rodeos: «Sin diésel, esas operaciones no pueden realizarse, y los tiempos del campo no esperan.»

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo estima que el departamento necesita un mínimo de 80 millones de litros de diésel durante mayo para que las operaciones agrícolas funcionen con normalidad. Ese volumen responde a la demanda real de cosechadoras, tractores y transporte de carga hacia los centros de acopio. Hasta la primera semana del mes, el suministro no cubría esa cifra.

Lo que está en juego en el campo

De 1,5 millones de hectáreas sembradas de soya, maíz y sorgo en la campaña de verano, el sector había logrado cosechar el 60% al inicio de mayo. El 40% restante,  depende de que el combustible llegue en las próximas semanas. Las ventanas de cosecha son estrechas y fijas: lo que no se levanta en el momento adecuado no se recupera después.

La campaña de invierno suma presión adicional. Anapo proyecta una superficie de 1,3 millones de hectáreas para cultivos de maíz, sorgo, girasol, trigo y soya, principalmente en zonas como Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián, El Puente y el Norte Integrado. Esa siembra debe iniciarse en mayo para que los cultivos maduren en las condiciones climáticas del segundo semestre. Un retraso en la siembra por falta de diésel no produce un impacto visible de inmediato,  lo produce entre septiembre y noviembre, cuando los compradores internacionales esperan los embarques bolivianos.

La conexión entre el campo y las divisas

El problema del diésel agrícola no es un tema sectorial. Es un tema macroeconómico. En 2025, el complejo oleaginoso boliviano superó a los hidrocarburos como principal fuente de divisas del país, generando más de 1.145 millones de dólares en exportaciones. Ese desplazamiento convirtió al agro cruceño en el principal proveedor de moneda extranjera de una economía que enfrenta una brecha de divisas superior a los 5.000 millones de dólares anuales.

La paradoja estructural es precisa: Bolivia importa el 90% del diésel que consume, para producir los granos que generan los dólares que el país necesita para importar más diésel. Cualquier interrupción en ese flujo afecta directamente la capacidad exportadora del sector y, con ella, el ingreso de divisas al sistema financiero nacional.

En ese contexto, una cosecha parcial por déficit de combustible no es solo una pérdida agrícola. Es una reducción en el flujo de dólares que el Banco Central necesita para sostener las reservas internacionales y administrar el proceso de flotación cambiaria que el gobierno acaba de activar.

La respuesta de YPFB y el margen disponible

YPFB anunció que intensificará la logística de distribución en Santa Cruz para atender el incremento extraordinario de la demanda. La empresa reconoció que la coincidencia entre la cosecha de verano y el inicio de la zafra cañera,  generó una presión simultánea sobre el sistema de distribución que superó la capacidad habitual de abastecimiento.

El margen de maniobra, sin embargo, es limitado. Bolivia importa prácticamente todo el diésel que distribuye, y el ritmo de importación depende de la disponibilidad de dólares y de los contratos de abastecimiento con proveedores externos. Aumentar el volumen de entrega en Santa Cruz en el corto plazo no es una decisión logística solamente, es una decisión financiera que compite con otras prioridades de la balanza de pagos.

El vínculo con la reforma energética

El déficit de diésel en el campo cruceño ilustra con claridad el límite de cualquier reforma energética que llegue demasiado tarde. Las leyes de hidrocarburos y electricidad anunciadas en el Gran Encuentro Nacional de Cochabamba apuntan a atraer inversión privada para revertir la caída de producción de gas  y reducir la dependencia de las importaciones. Pero los efectos de esas leyes, si se aprueban y se implementan, tardarán años en traducirse en volúmenes concretos de combustible disponible en las zonas productivas del oriente.

El agro boliviano no puede esperar ese horizonte. La cosecha de 2026 se define en las próximas semanas. La siembra de invierno, en los próximos días. Lo que ocurra en mayo en los campos del Norte Integrado determinará, en buena medida, cuántos dólares entrarán al país entre septiembre y noviembre,  precisamente el período en que Bolivia deberá mostrar resultados concretos a los inversores que compraron sus bonos soberanos y a los técnicos del FMI que evalúan el avance de las reformas.