Los bonos soberanos de Bolivia acumulan diez jornadas consecutivas de caídas. En las últimas dos semanas, los bonos en dólares han caído casi 5 centavos por dólar, el peor desempeño entre los mercados emergentes. El rendimiento de los papeles a 2031 subió a 10,5%, desde el 9,75% registrado cuando fueron emitidos hace apenas tres semanas.

El movimiento es elocuente. Bolivia emitió esos bonos el 7 de mayo presentándose como una economía en proceso de estabilización. Tres semanas después, los inversores que los compraron exigen más rendimiento para seguir teniéndolos, lo que en el lenguaje del mercado significa exactamente lo contrario: menos confianza, más riesgo percibido.

Kathryn Exum, codirectora de investigación y estrategia soberana de Gramercy Funds Management, advirtió que el contexto externo agrava una situación que ya era difícil. Señaló que el aumento de los precios del petróleo y la liberalización cambiaria eliminarán gran parte de los ahorros fiscales de Bolivia, lo que hará necesario que el gobierno vuelva a elevar los precios para cumplir las metas fijadas por el FMI.

Jason Keene, estratega de Barclays, añadió que nuevos ajustes de precios «no parecen políticamente viables en el entorno actual». Es el dilema central del gobierno boliviano: el FMI exige reformas que los sectores movilizados rechazan, y los sectores movilizados bloquean el país mientras el FMI evalúa si las reformas avanzan.

Qué implican los 5.000 millones del FMI

El Consejo Económico y Social es una iniciativa del gobierno para propiciar el diálogo con sectores sociales en medio de los conflictos que afectan principalmente a la zona andina del país, con bloqueos de carreteras desde hace 22 días por parte de sectores campesinos.

El monto anunciado de 5.000 millones de dólares supera las estimaciones previas que circulaban en el mercado, que ubicaban el programa entre 2.600 y 3.300 millones. Si se confirma, sería el mayor programa del FMI para Bolivia en su historia y uno de los más significativos en la región en los últimos años. Para ponerlo en perspectiva: representaría casi el 9% del PIB boliviano y cubriría prácticamente toda la brecha de divisas proyectada para 2026.

En 2025, el FMI propuso un ajuste fiscal estructural equivalente al 8% del producto bruto interno a lo largo de tres años como condición para cualquier programa de respaldo. Ese ajuste implica decisiones difíciles sobre precios de servicios públicos, tarifas y gasto estatal que, en el contexto actual de protestas, son políticamente complejas de implementar.

El país que los mercados ven esta semana

Los alimentos, el combustible y los suministros médicos escasean en La Paz y sus alrededores, amenazando con paralizar la economía de la capital administrativa boliviana y acelerar una inflación ya de dos dígitos.

El presidente Paz reconoció en una entrevista con Bloomberg que las protestas en curso ponen de relieve un problema sobre si la democracia en Bolivia es viable o no. Es una afirmación inusual para un jefe de Estado en ejercicio, y el mercado la está procesando exactamente como suena.

Bolivia tiene en juego simultáneamente su estabilidad política, su credibilidad financiera y su acceso a recursos externos. Los tres dependen de variables que se retroalimentan: si los bloqueos continúan, el FMI demora; si el FMI demora, los bonos siguen cayendo; si los bonos siguen cayendo, el costo del financiamiento futuro sube. El anuncio de los 5.000 millones es la apuesta del gobierno para cortar ese ciclo. Si funciona, Bolivia habrá negociado en condiciones adversas el mayor respaldo financiero de su historia. Si no, el margen para seguir operando se estrecha semana a semana.