Bolivia tiene hoy dos decisiones económicas que van en sentidos opuestos. El 26 de junio liberó el precio del dólar después de 15 años de tipo de cambio fijo. El 9 de julio congeló el precio del combustible hasta enero de 2027. La primera manda una señal de mercado. La segunda manda una señal de protección social. Las dos son necesarias. Y las dos tienen un costo que el Estado tendrá que pagar.

El Decreto Supremo 5652 amplía por seis meses el período transitorio de estabilización de los precios de los combustibles establecido en enero por el DS 5516. La gasolina especial se mantiene en Bs 6,96 por litro. El diésel en Bs 9,80. El GLP, el GNV y las gasolinas de aviación también quedan sin cambios. El congelamiento rige hasta el 12 de enero de 2027.

El vocero presidencial José Luis Gálvez fue preciso sobre los motivos: «Ya teníamos un decreto anterior que había congelado los precios. Lo que se ha hecho es modificarlo para que se amplíe por otros seis meses más.» La medida llega directamente después de 53 días de bloqueos en que el combustible fue la variable que más presión generó sobre la economía y la vida cotidiana de los bolivianos.

Quién paga la diferencia

El congelamiento tiene un costo fiscal que el decreto explicita sin rodeos. El Ministerio de Economía queda autorizado a transferir hasta Bs 1.000 millones a YPFB para cubrir el diferencial entre el precio internacional de importación del crudo y el precio de venta regulado en el mercado interno. Si el costo real supera ese monto, la norma permite asignaciones adicionales previa certificación técnica del Ministerio de Hidrocarburos.

En términos simples: Bolivia compra el combustible al precio del mercado mundial, que sube y baja con el petróleo internacional, y lo vende en surtidores a un precio fijo que decidió en enero y que mantiene hasta enero de 2027. La diferencia la absorbe el Estado. Si el WTI sube, esa diferencia crece. Si baja, la presión disminuye.

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos cuestionó la decisión directamente: «Lastimosamente es contrario a lo que yo pienso. Si en Bolivia mantenemos precios fijos y no variables con relación al precio internacional del petróleo, la subvención se va a mantener.» Ríos considera que la medida genera estabilidad temporal pero no resuelve el problema de fondo: Bolivia no produce suficiente combustible y paga precios internacionales por importarlo.

La viceministra de Industrialización de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio Patzi, respondió con pragmatismo: «En la medida de que esto pueda ser sostenible, se va a mantener. Pero si no lo es, por supuesto, ya se van a tomar las previsiones.»

Lo que viene después del congelamiento

El decreto no solo congela los precios. También diseña qué pasará cuando el congelamiento termine. A partir del 12 de enero de 2027, el precio de los combustibles en Bolivia ya no será fijo. Se calculará multiplicando el valor de compra en dólares del combustible por el tipo de cambio promedio del mes anterior y por un factor de ajuste fijado en 10,4003.

Ese factor tiene una consecuencia práctica importante. Si el tipo de cambio oficial del dólar supera los Bs 10,40, el Estado intervendrá absorbiendo parte del costo. Si el dólar está por debajo de ese nivel, el precio variará libremente según el mercado. Es el diseño de un subsidio condicionado y acotado, no la eliminación del subsidio.

Bolivia anunció el fin de la subvención histórica a los combustibles en diciembre de 2025, en una decisión que generó un salto inflacionario que duró meses. El DS 5652 no revierte esa decisión. La prorroga. Le da al país seis meses más para ordenar sus finanzas, cerrar el acuerdo con el FMI y preparar a los ciudadanos para el momento en que el precio del combustible refleje, al menos parcialmente, lo que cuesta importarlo.

Ese momento llegará el 12 de enero de 2027. El decreto lo anunció con suficiente anticipación como para que nadie diga que no lo sabía.