La escasez de diésel que golpea a Bolivia desde inicios de julio ya generó pérdidas millonarias en el transporte y obligó al Gobierno a congelar el precio de los combustibles por seis meses. El sector convocó un ampliado nacional para el 29 de julio ante la falta de respuestas.
Desde inicios de mes se reportan filas prolongadas en gasolineras de Cochabamba y Santa Cruz. El transporte interdepartamental es el más golpeado: operadores del sector señalan que la frecuencia de viajes se redujo a la mitad respecto a semanas anteriores, y algunos ya recurren al mercado informal para conseguir combustible. La escasez no se queda en el transporte de pasajeros: al depender del diésel para mover carga, la falta de abastecimiento empieza a presionar a toda la cadena productiva, desde el agro hasta la distribución de alimentos.
Un decreto para importar libre y un precio congelado por seis meses
Ante la presión del sector, el Gobierno congeló el precio de los combustibles hasta enero del próximo año y promulgó un decreto que habilita la libre importación y comercialización de combustibles, una medida que hasta ahora estaba concentrada casi por completo en YPFB. Es un giro relevante: abre la puerta a que empresas privadas participen de un negocio históricamente estatal, aunque el mercado todavía no muestra si esa apertura se traduce en más combustible disponible en las gasolineras.
El origen del problema: sin dólares no hay combustible
La raíz de la crisis no es logística sino cambiaria. Bolivia importa la gran mayoría del diésel que consume, y para comprarlo en el mercado internacional necesita dólares que el país ya no genera con la holgura de antes, tras la caída sostenida de la producción de gas natural que durante años fue su principal fuente de divisas. Sin ese ingreso, cada barril importado se vuelve más difícil de financiar.
El Estado enfrenta el dilema de subsidiar un precio congelado mientras administra reservas de dólares cada vez más ajustadas. Los transportistas y las empresas de carga acumulan pérdidas y presionan con la movilización del 29 de julio. Los importadores privados encuentran, por primera vez en años, una oportunidad de negocio gracias al nuevo decreto. El consumidor final podría terminar pagando la escasez de forma indirecta, a través de alimentos y productos que llegan con más costo de transporte. El trabajador informal del transporte es, probablemente, el más expuesto a quedarse sin ingreso mientras dure la crisis.
