Bolivia tiene Bs 60.000 millones en deuda tributaria acumulada que el Estado no ha podido cobrar. Para poner ese número en perspectiva: equivale a aproximadamente el 10% de todo lo que la economía boliviana produce en un año. Parte de esa deuda tiene décadas de antigüedad, está en manos de contribuyentes que cerraron negocios, cambiaron de razón social o simplemente no tienen con qué pagar. Otra parte pertenece a empresas y personas con capacidad de pago que apostaron, con razón hasta ahora, a que el sistema nunca les cobraría en serio.

La Ley de Alivio Tributario, aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de abril y actualmente en la Cámara de Senadores, cambia esa ecuación. No mediante el fortalecimiento de la capacidad coercitiva del sistema tributario, algo que requeriría reformas de largo plazo, sino mediante un mecanismo más pragmático: ofrecer condiciones favorables para que los deudores paguen voluntariamente lo que deben, o al menos parte de ello, antes de que venza el plazo de 120 días que la norma establece.

Qué permite la ley y a quién beneficia

La norma opera en dos niveles diferenciados según la antigüedad de la deuda. Para las obligaciones generadas hasta el 31 de diciembre de 2017 y por montos menores a Bs 10 millones, la ley establece la condonación total: capital, intereses y multas quedan perdonados. Para las deudas contraídas entre enero de 2018 y 2025, no hay condonación del capital, pero se eliminan multas e intereses y se ofrece un plan de pagos de hasta 24 cuotas mensuales.

La medida está orientada principalmente a pequeñas y medianas empresas, así como a personas naturales con deudas acumuladas que en muchos casos tienen cuentas congeladas o bienes inmovilizados por el sistema tributario. El Ministerio de Economía estimó que miles de contribuyentes en esa situación podrían volver a ser sujetos de crédito y reactivar sus actividades una vez que regularicen su situación fiscal.

La ley también incorpora dos cambios técnicos de fondo. El primero es la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras, un tributo implementado en 2006 como medida coyuntural para favorecer la bolivianización del sistema financiero y que permaneció vigente más de 20 años. El segundo es la transparentación del IVA: actualmente el impuesto se calcula «por dentro», lo que eleva la tasa efectiva real al 14,94% en lugar del 13% nominal. La propuesta busca corregir esa distorsión aplicando el 13% sobre el precio neto, de modo que el impuesto sea visible y calculable por el contribuyente.

Las advertencias que los economistas plantean

El análisis del sector académico identifica dos riesgos principales asociados a este tipo de medidas. El primero es el denominado «riesgo moral»: cuando el Estado condona deudas periódicamente, los contribuyentes aprenden que incumplir sus obligaciones tributarias puede resultar conveniente si se espera con paciencia a la próxima amnistía. Fernando Romero señaló este problema con precisión: la condonación puede generar incentivos negativos en el comportamiento tributario futuro, especialmente entre contribuyentes que sí cumplían y que ahora observan que sus pares incumplidores obtienen beneficios equivalentes sin haber pagado a tiempo.

El segundo riesgo es de naturaleza fiscal estructural. Un análisis señala que la medida sacrifica recaudación potencial futura en un rango equivalente al 1,5% y 3% del PIB en ingresos tributarios no captados íntegramente. En términos macroeconómicos, el Estado prioriza recaudar algo en el presente sobre mantener deudas incobrables en el sistema, pero que no resuelve las fallas estructurales del sistema tributario boliviano.

Romero y otros analistas coinciden en que la ley es claramente una medida coyuntural, no estructural. Su objetivo es resolver un problema inmediato de liquidez fiscal, no reformar los elementos centrales del sistema tributario. Sin una reforma de fondo que lo haga más simple, equitativo y predecible, el ciclo de deudas acumuladas e incobrables tiene probabilidades de repetirse en el próximo gobierno.

El ITF y la señal al sistema financiero

La eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras merece atención separada. El ITF, vigente desde 2006, gravaba cada operación bancaria con una alícuota reducida pero acumulativa que desincentivaba el uso del sistema financiero formal y favorecía indirectamente las transacciones en efectivo fuera del sistema. Economistas como Germán Sanguino han señalado que su permanencia por más de dos décadas fue un error que contribuyó a mantener una economía con alto componente informal y baja bancarización.

Su eliminación, aprobada en paralelo al proyecto de alivio tributario, es valorada por el sector empresarial como una señal concreta de simplificación fiscal. En un contexto en que Bolivia negocia con el FMI y busca atraer inversión privada, la reducción de la carga tributaria distorsionante sobre las transacciones financieras mejora marginalmente el entorno para la actividad empresarial formal.

La ley ahora espera su tratamiento en el Senado. Si es promulgada en las próximas semanas, el plazo de 120 días para acogerse al beneficio vencería en torno a septiembre de 2026 — el mismo período en que Bolivia deberá mostrar resultados concretos a los mercados financieros que compraron sus bonos soberanos y al FMI que evalúa el avance de las reformas. Los recursos que logre recuperar el Estado en ese lapso contribuirán directamente a sostener las reservas internacionales y reducir la presión sobre el tipo de cambio. Lo que no logre recuperar quedará, nuevamente, en la lista de deudas que el sistema tributario boliviano no pudo cobrar.