Oruro concentra el 80% del comercio del occidente boliviano por su vínculo fronterizo con Chile. Está ubicada sobre el corredor bioceánico que conecta los puertos del Pacífico con Brasil y Argentina. Tiene un Puerto Seco con respaldo legal desde 2005, empresa mixta registrada desde agosto de 2025 y acciones disponibles para el público desde febrero de 2026. Sin embargo, la inversión privada que el proyecto necesita para operar a plena capacidad apenas existe.

Un proyecto que acumula historia pero no capital privado

El Puerto Seco de Oruro está respaldado por la Ley 3316 del 16 de diciembre de 2005, que dispone la ejecución de planes y proyectos vinculados al desarrollo integral del departamento y al corredor bioceánico. Ubicado en un punto neurálgico de conexión ferroviaria y carretera, el proyecto permite desconcentrar operaciones aduaneras de los puertos marítimos, consolidar y redistribuir carga en territorio boliviano, prestar servicios logísticos a mercancías en tránsito y reducir tiempos y costos en comercio exterior.

En 2024 inició la construcción de la plataforma logística, parte de la primera fase del proyecto, ubicada en la localidad de Cala Caja, en el municipio de Paria-Soracachi, a tres kilómetros de la ciudad de Oruro sobre la carretera a La Paz.

En agosto de 2025, el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio registró a la Empresa Pública Departamental Mixta Puerto Seco Oruro, convirtiéndola en la primera empresa de ese tipo en Bolivia.

En febrero de 2026, la Gobernación de Oruro lanzó la venta pública de acciones de la empresa a Bs 1.000 cada una, sin límite de compra en cantidad. El gerente de la empresa, José Torrico, indicó que el capital recaudado serviría para la adquisición de equipamiento e infraestructura.

A pesar de ese proceso, el resultado en captación de inversión privada es marginal.

Lo que falta para que el proyecto funcione

El Puerto Seco opera pero carece de lo más importante: su declaratoria como Recinto Aduanero Primario, condición legal indispensable para que cumpla plenamente el concepto de puerto. Hasta la fecha no se le ha otorgado la operabilidad plena ni la promoción necesaria, ni se han establecido reglas claras para atraer inversión privada.

García propuso constituir una sociedad anónima mixta para el Puerto Seco, estructura que proporcionaría garantías al Estado ante instituciones internacionales en comercio exterior y facilitaría el acceso a financiamiento externo. Sobre la Zona Económica Especial, planteó que todo el territorio orureño debería ser designado como zona económica especial, lo que ampliaría el perímetro de beneficios para inversores.

El contexto que hace urgente la solución

El presidente Rodrigo Paz recordó en febrero de 2026 que el 80% del comercio del occidente del país pasa por Oruro debido a su vínculo fronterizo con Chile, y destacó la importancia de potenciar el Puerto Seco como parte de la estrategia de desarrollo regional. El gobierno tiene presupuestados Bs 305 millones de inversión para Oruro en 2026.

El momento es relevante por una razón adicional. Bolivia debate un paquete de reformas económicas que incluye una nueva Ley de Inversiones y busca atraer capital extranjero al sector energético y productivo. Si en un proyecto de infraestructura logística con ley desde 2005, empresa registrada desde 2025 y acciones disponibles desde febrero de 2026 el sector privado apenas llega al 0,01%, la pregunta que el paquete de reformas debe responder es concreta: qué condiciones hacen falta para que el capital privado decida invertir en Bolivia antes de que llegue la próxima ley.