El Legislativo boliviano concluyó la aprobación de la reformulación del Presupuesto General del Estado 2026, que contempla un monto global de Bs 390.000 millones y proyecta un déficit fiscal del 9%. La norma estima una inflación oficial del 14% para el año, una cifra que contrasta con la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor medida en julio por el INE, de apenas 4,93%.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de modificaciones al PGE 2026 y lo remitió a la Cámara de Senadores, que a fines de julio lo aprobó por mayoría absoluta para su envío al Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, confirmó la remisión de la norma tras su aprobación en ambas cámaras. El hecho llamó la atención porque distintas bancadas lograron acuerdos en un tema históricamente conflictivo, algo que varios analistas describieron como un hecho inusual en más de veinte años de disputas presupuestarias.
La brecha entre lo que el Estado proyecta y lo que el mercado mide
El punto que genera más preguntas es la distancia entre la inflación que el propio Gobierno incorpora en su planificación fiscal, del 14%, y el dato real que reporta el INE, con una variación de precios interanual de 4,93% y una caída mensual de 2,79% en julio. Un déficit fiscal del 9% obliga al Estado a buscar financiamiento adicional, ya sea por la vía de deuda interna, deuda externa o emisión monetaria, en un contexto en que Bolivia ya mantiene un programa técnico abierto con el Fondo Monetario Internacional. Cuanto mayor es la distancia entre la proyección oficial y la realidad medida, más difícil es para los agentes económicos anticipar el rumbo de precios, tasas y tipo de cambio.
Quién gana y quién pierde con el nuevo gasto público
Para el Estado, el presupuesto aprobado le da margen legal para ejecutar gasto público durante el resto del año, pero a costa de comprometer una porción mayor de ingresos futuros al pago de déficit. Las empresas que dependen de contratos y compras estatales pueden beneficiarse de la ejecución del gasto, aunque la incertidumbre cambiaria eleva el riesgo de cualquier proyecto pactado en bolivianos. Los importadores enfrentan un escenario más exigente si el Estado necesita más dólares para cubrir el déficit, lo que presiona sobre las reservas disponibles para el mercado cambiario. El trabajador y el consumidor final quedan expuestos a la posibilidad de que la inflación proyectada en el presupuesto termine siendo más una señal de alerta que un error de cálculo.
