El Gobierno enviará este martes 11 de agosto el proyecto de Ley de Inversiones a la Asamblea Legislativa Plurinacional, una norma que exigirá el respaldo de dos tercios del Parlamento para cualquier nueva nacionalización o expropiación. La medida busca sentar las bases legales para atraer capital privado a sectores como hidrocarburos, minería y litio, después de años en que la falta de garantías alejó a inversionistas extranjeros.
Hasta ahora, decretar una nacionalización o expropiación era una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo. El proyecto que llega a la Asamblea cambia esa lógica de raíz: cualquier decisión de ese tipo deberá respaldarse en una ley específica de utilidad nacional, aprobada con dos tercios de votos en el Legislativo. El ministro de Economía explicó que ese requisito busca dar previsibilidad a quienes decidan invertir en el país, al sacar esa decisión del terreno de un solo despacho y llevarla a un debate parlamentario abierto. La norma, según el propio Gobierno, será la primera pieza de un andamiaje legal más amplio que luego se extenderá a hidrocarburos, minería, recursos evaporíticos como el litio y los contratos de asociación público privada.
El sector privado pide que la letra chica no traicione la intención
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Gonzalo Morales, expresó que el sector industrial espera que el texto final incluya garantías claras y verificables de seguridad jurídica, no solo declaraciones de principios, para que la confianza empresarial se traduzca en inversión real y nuevos empleos. Antes de que el proyecto llegara a la Asamblea, el Ejecutivo lo presentó ante gremios como la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, en un intento de recoger observaciones antes del debate legislativo formal. El viceministro de Inversión, Jáuregui, sostuvo además que el objetivo central de la norma es incentivar el retorno de inversionistas que se alejaron del país en los últimos años ante la falta de reglas estables.
Quién arriesga y quién se beneficia con las nuevas reglas
El Estado cede parte de una herramienta de control directo sobre sectores estratégicos, pero a cambio apuesta a recuperar flujos de inversión que hoy no llegan. Las empresas privadas, locales y extranjeras, son las principales beneficiarias potenciales: una regla que obligue a pasar por el Legislativo antes de expropiar reduce el margen de discrecionalidad que hasta hoy las mantenía cautelosas. Los trabajadores de sectores como hidrocarburos y minería podrían beneficiarse si la ley efectivamente atrae capital fresco a proyectos hoy estancados por falta de financiamiento. El riesgo recae sobre todo en la implementación: si la ley aprobada termina con excepciones o reglamentaciones posteriores que debiliten el candado legislativo, la confianza que se busca recuperar puede evaporarse tan rápido como llegó.
