La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Cámara Nacional de Comercio coincidieron en respaldar la necesidad de aliviar la situación de las familias afectadas por la reciente crisis política. Sin embargo, ambas entidades advirtieron que obligar a las empresas privadas a diferir el cobro de servicios básicos, sin compensación ni plazo definido, podría comprometer su liquidez, el empleo y la continuidad de las prestaciones. La propuesta surgió luego de que autoridades de Gobierno anunciaran que analizan este mecanismo como parte de un paquete de medidas para mitigar los efectos económicos de los recientes conflictos sociales.

Quién factura el gesto humanitario

La Cámara Nacional de Comercio fue la más enfática al señalar su firme rechazo a que el Gobierno obligue a las empresas privadas a financiar un diferimiento de pagos. La entidad recordó que buena parte de los servicios básicos del país es administrada por empresas privadas y cooperativas, que ya enfrentan las consecuencias de una prolongada crisis económica mientras sostienen el pago de salarios, impuestos, créditos y obligaciones con proveedores. Según la Cámara, la recuperación económica no se construye debilitando al sector privado sino fortaleciéndolo, y las políticas de protección social son responsabilidad del Estado, no de quienes generan empleo e inversión.

El diálogo como única salida visible

La Confederación de Empresarios Privados pidió que cualquier decisión económica de este tipo se consensúe con todos los sectores y se sustente en criterios técnicos, evitando medidas que beneficien a un grupo en desmedro de otro. Ambos gremios manifestaron disposición a participar en espacios de diálogo con el Ejecutivo para buscar fórmulas que protejan a la población sin comprometer la estabilidad del aparato productivo.

Para el Gobierno, el diferimiento ofrece una salida política inmediata para descomprimir la tensión social sin recurrir a recursos fiscales ya escasos. Para las familias, representa un alivio de corto plazo en su presupuesto mientras persisten los efectos de la crisis. Pero para las empresas de servicios básicos, sobre todo cooperativas y compañías medianas, el mecanismo implica sostener con caja propia una política pública, con el riesgo de deteriorar la calidad del servicio o recortar personal. Los trabajadores del sector quedan expuestos a esa segunda derivada, mientras que los inversionistas observan una señal adicional de imprevisibilidad regulatoria en un momento en que Bolivia busca precisamente lo contrario.