Bolivia aprobó esta semana la mayor condonación tributaria de su historia. Lo hizo en uno de los momentos más complejos de su economía reciente: 28 días de bloqueos acumulados, pérdidas industriales que ya superan los 1.680 millones de dólares y una negociación con el FMI en curso que exige demostrar capacidad de gestión fiscal sin subir impuestos.

La Ley 1733 de Alivio Tributario fue promulgada el 27 de mayo por el presidente Rodrigo Paz durante la inauguración del Consejo Económico y Social. «Acabo de promulgar la ley del perdonazo tributario», afirmó el mandatario. La Gaceta Oficial publicó la norma ese mismo día.

El director ejecutivo de la Autoridad de Impugnación Tributaria, Rodrigo Palazuelos, la calificó como «icónica» porque «nunca antes el Estado boliviano ha tenido algún tipo de condonación de esta magnitud».

Cómo funciona a partir de hoy

Para obligaciones tributarias anteriores al 31 de diciembre de 2017 y menores a Bs 10 millones, la condonación es total y automática. El contribuyente no tiene que pagar ni un solo boliviano al fisco. La extinción opera de pleno derecho y alcanza el tributo omitido, las multas, las sanciones, los intereses y el mantenimiento de valor. La medida cubre incluso obligaciones que están en impugnación, ejecución tributaria o cobranza coactiva, siempre que no haya llegado al remate de bienes. La ley también condona deudas y multas correspondientes a la gestión 2020, sin límite de monto, en reconocimiento al impacto económico de la pandemia.

Para deudas entre 2018 y 2025, excluyendo 2020, el esquema es distinto. No hay condonación total, pero sí eliminación de multas e intereses. Los contribuyentes pueden regularizar pagando al contado con una reducción del 50% del mantenimiento de valor, o mediante planes de pago de hasta 36 cuotas mensuales. El plazo para acogerse es de 120 días calendario, prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2026.

La ley también modifica la forma en que se presenta el IVA en las facturas, corrigiendo una distorsión que en la práctica implicaba una carga efectiva de 14,94% en lugar del 13% nominal del impuesto.

El contexto en que llega la ley

El gobierno calcula que cerca de 80.000 contribuyentes podrán beneficiarse con la medida, quedando liberados de medidas coactivas que hoy les impiden operar con normalidad.

La ley llega en un momento de doble urgencia. Por un lado, Bolivia tiene cerca de Bs 60.000 millones en mora tributaria acumulada que el Estado no logró cobrar. La norma busca recuperar parte de esa cartera en el corto plazo activando la regularización voluntaria dentro del plazo de 120 días.

Por otro lado, el contexto de los bloqueos hace más urgente aún el alivio. Con 28 días de parálisis productiva, pérdidas industriales acumuladas que superan los 1.680 millones de dólares según el reporte más reciente de la Cámara Nacional de Industrias, y el plazo del IUE vencido este 29 de mayo, el gobierno sostiene que la medida beneficiará principalmente a pequeños contribuyentes, trabajadores independientes, profesionales y microempresas que quedaron atrapados en procesos tributarios difíciles de regularizar.

Bolivia negocia con el FMI un programa de hasta 5.000 millones de dólares que requiere demostrar capacidad de gestión fiscal sin recurrir a nuevos impuestos. Tener cerca de 80.000 contribuyentes reinsertados en el sistema formal, con deudas regularizadas y medidas coactivas levantadas, es precisamente el tipo de señal que acompaña esa negociación. No cierra el déficit del 9% del PIB. Pero muestra que el Estado puede generar ingresos activando lo que ya existe. El reloj de los 120 días empezó a correr.