El acuerdo con el FMI no es el destino. Es la llave que abre los demás destinos. Esa es la lectura que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, ofreció este jueves al precisar por primera vez los números reales detrás del programa que Bolivia negocia con el organismo multilateral.

Espinoza explicó que el financiamiento potencial del FMI para Bolivia oscilaría entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. Sin embargo, el verdadero efecto estaría en la capacidad de activar recursos adicionales de otros organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID. «Como ha dicho el presidente, a partir del FMI se gatillan otros financiamientos también importantes», sostuvo. La proyección oficial apunta a conformar un paquete financiero cercano a los 5.000 millones de dólares durante este año.

La distinción importa. No es que Bolivia espere 5.000 millones del FMI directamente. Es que un acuerdo con el Fondo funciona como señal de credibilidad que desbloquea líneas de crédito de otros organismos que ya tienen recursos comprometidos pero condicionados a que Bolivia demuestre un programa económico respaldado internacionalmente. El FMI, en este esquema, no es el financiador principal. Es el sello que hace posibles los demás financiamientos.

Por qué las próximas semanas son críticas

Espinoza reconoció que un acuerdo de esta naturaleza no se construye de manera inmediata y requiere procesos de evaluación, negociación y cumplimiento de condiciones previas. El acercamiento al FMI representa un cambio respecto a la política económica aplicada durante las últimas dos décadas, período en el que Bolivia evitó acudir al organismo.

El contexto de urgencia es preciso. Bolivia tiene vencimientos de deuda soberana por 2.300 millones de dólares en 2026. Sus bonos soberanos emitidos el 7 de mayo al 9,75% ya rinden 10,5% en el mercado secundario, lo que refleja la caída de confianza provocada por los bloqueos. El riesgo país subió de 127 a más de 150 puntos en un mes. Y la brecha de divisas proyectada para el año supera los 5.000 millones de dólares.

El presidente Rodrigo Paz anunció el 27 de mayo que Bolivia negocia con el FMI un programa de créditos cercano a los 5.000 millones de dólares, con el objetivo de financiar proyectos destinados a organizaciones sociales, emprendedores, transportistas y agricultores. Paz calificó el impacto de los bloqueos como peor que el de la pandemia en términos económicos.

El cambio histórico que implica el acuerdo

El gobierno fue enfático en señalar que no repetirá las experiencias de los años 90 y principios de los 2000, cuando Bolivia acudía al FMI para aceptar programas con fuertes condicionamientos. La línea oficial apunta a que los recursos lleguen para respaldar la política económica definida por Bolivia, no como un paquete de medidas impuestas desde el exterior.

Esa posición tiene lógica política pero también tiene límites técnicos. El FMI no desembolsa sin condiciones verificables. Las negociaciones en curso están definiendo exactamente cuáles serán esas condiciones y en qué plazo Bolivia debe cumplirlas. Lo que el ministro llama «marco de políticas propio» y lo que el FMI llama «condicionalidades previas» son, en buena medida, el mismo conjunto de reformas descritas con vocabulario diferente.

Lo que está claro es que el calendario no da margen para dilaciones. Bolivia acaba de terminar mayo con 29 días de bloqueos, pérdidas industriales que superan los 1.680 millones de dólares, bonos cayendo y reservas bajo presión. El acuerdo con el FMI es la variable que más puede modificar esa trayectoria antes de que el segundo semestre llegue con sus propios vencimientos. Las próximas semanas lo dirán.