Según el informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, el conjunto de empresas estatales bolivianas arrastra pérdidas patrimoniales de 12.700 millones de bolivianos. De ese total, 5.100 millones de bolivianos, unos 505 millones de dólares, corresponden a las 15 compañías clasificadas como de mayor riesgo. Ese costo lo absorbe hoy el Tesoro General de la Nación, que sostiene con transferencias a empresas que no generan ingresos suficientes para cubrir sus propios gastos operativos. En un contexto de recesión y de escasez de divisas, cada boliviano destinado a cubrir esos déficits es un boliviano que no llega a salud, educación o inversión pública.

Mi Teleférico encabeza la lista con pérdidas acumuladas de 2.039 millones de bolivianos, seguida por Boliviana de Aviación con 485 millones de bolivianos. También aparecen la Empresa Siderúrgica del Mutún y el ingenio azucarero San Buenaventura, proyectos industriales que nacieron con la promesa de sustituir importaciones y que hoy operan muy por debajo de su capacidad instalada. El caso de YLB es distinto en magnitud pero no en urgencia: la empresa a cargo del litio, el recurso sobre el que Bolivia ha construido buena parte de su discurso de futuro económico, figura entre las de mayor riesgo pese a los años de inversión pública destinados a industrializarlo.

El límite del sostén fiscal

El gobierno de Paz sostiene que el Estado ya no puede seguir financiando indefinidamente a empresas deficitarias, y plantea una transformación del aparato empresarial público en tres vías: reestructuración de las empresas consideradas estratégicas, apertura a alianzas con capital privado en aquellas con potencial pero sin liquidez, y cierre de las que se consideren inviables. Para los trabajadores de estas empresas, la incertidumbre es directa: un cierre implica pérdida de empleo formal en un mercado laboral boliviano que ya absorbe con dificultad a los desplazados de otros sectores en crisis, como el gasífero. Para el consumidor, el efecto es más indirecto pero igual de real: servicios como el teleférico o la aerolínea estatal podrían encarecerse o reducirse si pierden el respaldo fiscal que hoy los mantiene operando. Para el inversionista privado, en cambio, la apertura de empresas estatales a alianzas representa una oportunidad que hace pocos años era impensable en sectores históricamente cerrados al capital privado.

La pregunta que queda abierta es cuántas de estas 15 empresas sobrevivirán al proceso sin convertirse en un nuevo foco de conflicto social, y si el gobierno logrará distinguir entre empresas rescatables y empresas que solo prolongan, a costa del fisco, una inviabilidad ya evidente.