El modelo conocido como «50/50», impulsado por el presidente Rodrigo Paz, plantea que la mitad de los recursos que hoy administra el nivel central pase a manos subnacionales. De ese porcentaje, 25% se destinaría a municipios y pueblos indígenas, 20% a las gobernaciones departamentales y 5% a las universidades públicas, mientras el otro 50% seguiría bajo control del Gobierno central. El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, destacó que el acuerdo permitirá a los departamentos empezar a participar de la coparticipación tributaria desde 2027, con un cronograma de implementación gradual que se extendería hasta 2031.

Salud, educación y caminos cambian de manos

Más allá de la redistribución del dinero, el acuerdo busca transferir competencias completas en salud, educación e infraestructura vial hacia gobernaciones y municipios, que asumirían la gestión directa de esas áreas en lugar de depender de decisiones tomadas desde el nivel central. La propuesta también apunta a fortalecer la autonomía financiera de las regiones a través de una mejor administración de impuestos, mercados y empresas públicas locales. Se trata de un cambio de fondo en cómo funciona el Estado boliviano, tradicionalmente centralizado en el manejo de sus principales fuentes de ingreso.

El calendario que arranca en 2027

Para el Presupuesto General del Estado de 2027 ya se trabaja en una propuesta técnica que definirá los nuevos dominios fiscales y los criterios de distribución, entre ellos el esfuerzo de recaudación y el equilibrio financiero de cada departamento. El propio presidente Paz insistió en que la reforma no se trata de repartir dinero sin condiciones, sino de ordenar responsabilidades junto con los recursos. El desafío será evitar que la implementación gradual se convierta en un nuevo foco de tensión entre el nivel central y las regiones, algo que ya ha ocurrido en otros momentos de la historia fiscal boliviana.