Durante el año 2022, el precio de importación de la gasolina y el diésel estuvo, en promedio, aproximadamente en 9,8 Bs por litro, lo que ha obligado a que la subvención a los hidrocarburos se sitúe en un promedio de 6 Bs por litro. Es decir entre el costo real y el precio que se paga en el surtidor.

Esta realidad se ha visto reflejada en el gasto que ha efectuado el Gobierno para financiar esta política que, de acuerdo con autoridades del sector, llegó el año 2022 a representar 1.700 millones de dólares, siendo que el Presupuesto General del Estado había considerado 700 millones para este concepto, dice la Fundación Jubileo en una nota de análisis publicada recientemente.

“La problemática en torno a la subvención a los hidrocarburos ha sido preocupante para las diferentes autoridades de turno”, dice la fundación que analiza la problemática desde hace varios años desde su unidad especializada.

“Esta medida representa un alto costo para la economía nacional en términos de déficit fiscal”, acota.

En ese marco, Jubileo concluye que “el país no puede darse el lujo de continuar con una subvención ciega que beneficia no solo a la población vulnerable, sino también a quienes sí tienen la posibilidad de pagar el precio real del combustible que consumen, e incluso a sectores ilegales que utilizan este combustible para la explotación de oro y que, en contrapartida, no aportan nada a las arcas nacionales, dañan el medio ambiente, las condiciones laborales y la vida misma de personas y comunidades”.

PROPUESTA

En esa línea, Jubileo plantea a las autoridades y a la población debatir la necesidad de ‘refocalizar la subvención a los hidrocarburos’, estableciendo ‘bandas de precios diferenciados que consideren elementos como el año de importación del vehículo, modelo, marca, cilindrada y actividad económica’.

Sin embargo, Jubileo va más allá en su propuesta, a la que le agrega ideas puntuales como la de diferenciar el precio entre aquellos vehículos de transporte público y los demás.

“Una premisa básica debiera ser que para la población vulnerable que utiliza estos combustibles como insumo para su actividad de transporte público en taxis, minibuses, micros o camiones minoristas se pueda mantener el actual precio subvencionado y, para el resto de la población, introducir precios diferenciados de acuerdo con las características descritas, octanaje del combustible y otros criterios que se encuentran registrados en el sistema B-SISA, y que pueden permitir distinguir el tipo de consumidor y asignar un precio conforme a sus características”, esboza.

La fundación considera que ha llegado el tiempo de debatir y tomar decisiones, dadas la insostenibilidad de la subvención ‘a ciegas’, es decir para todos por igual, vigente desde 2004 y que se ha convertido en una amenaza para la sostenibilidad económica del país.

“La subvención implica sacrificar recursos públicos”, finaliza.