Bolivia tiene su hoja de ruta fiscal oficial sobre la mesa y los números son mejores que los del año pasado, aunque todavía lejos de la estabilidad que los organismos internacionales consideran sostenible.

El gobierno presentó el Presupuesto General del Estado reformulado con tres proyecciones centrales: un déficit del 9,2% del PIB, una inflación del 14% y una contracción económica del 1,28%. Frente al déficit del 12,2% con que cerró 2025 según el Banco Central, la reducción equivale a casi un tercio del desequilibrio fiscal en un solo año. El ministro Espinoza lo calificó como un avance significativo. El empresario Samuel Doria Medina lo cuestionó con una frase directa: «Con esa cifra no puede haber acuerdo internacional para formar un fondo de estabilización. Nadie nos va a dar dinero para que se siga yendo al hueco negro del déficit.»

Lo que el gobierno encontró y lo que cambió

El PGE reformulado no fue solo un ejercicio de proyecciones. Fue también un diagnóstico. El ministerio detectó ingresos sobrestimados, gastos subestimados y lo que denominó «inversión fantasma» en el presupuesto heredado. Sin esas correcciones, el déficit podría haber superado el 15% del PIB. Con ellas, el gobierno logró establecer una base más realista desde donde gestionar.

El ajuste incluyó un recorte del gasto corriente en viáticos, pasajes y publicidad, junto con recursos adicionales para salud y educación. Es un equilibrio difícil en cualquier contexto, pero especialmente en uno donde la inflación de 2025 superó el 20% y la economía se contrajo por segundo año consecutivo.

La brecha que preocupa al mercado

El punto de mayor tensión del presupuesto no está en los números del gobierno sino en la distancia entre esos números y los de los organismos internacionales. El FMI proyecta una contracción más del doble de profunda que la oficial. El Banco Mundial coincide con esa lectura pesimista. Si tienen razón, el ajuste fiscal que Bolivia necesita para mantener el déficit bajo control requerirá medidas adicionales que el gobierno no ha anunciado.

Esa brecha no es solo técnica. Tiene consecuencias financieras directas. Bolivia negocia con el FMI un paquete de financiamiento de hasta 5.000 millones de dólares. Ese acuerdo se construye sobre proyecciones que ambas partes deben compartir. Si el gobierno y el FMI no convergen en su lectura del PIB y del déficit, el camino hacia la firma se complica.

El margen que nadie tenía previsto

El presupuesto fue elaborado con un precio del petróleo de 64,50 dólares por barril. El WTI cotiza hoy cerca de los 69,50 dólares. Ese diferencial de cinco dólares genera un margen fiscal modesto pero real, que reduce ligeramente la presión sobre las importaciones de combustible.

No es un colchón grande. Pero en una economía que opera con márgenes tan estrechos como la boliviana, cualquier alivio no previsto en el momento de elaborar el presupuesto tiene valor. La pregunta es si ese margen alcanzará para compensar el daño que los bloqueos de mayo y junio dejaron sobre los ingresos tributarios y la actividad económica del segundo trimestre.

El marco macroeconómico de 2026 es el más explícito que el gobierno ha publicado en lo que va del año. Sus números no son buenos en términos absolutos. Pero son mejores que los de 2025, y eso, en la Bolivia de hoy, ya es el punto de partida.