Los bloqueos que se extendieron por más de siete semanas interrumpieron el transporte de carga en las principales carreteras del país, afectando tanto la salida de productos bolivianos hacia los puertos como el ingreso de insumos para la industria nacional. El impacto se sintió en dos direcciones: exportadores que no pudieron cumplir contratos y embarques, e importadores que vieron frenado el abastecimiento de materias primas.

Frente a ese escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo Productivo se sentaron con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Cámara Nacional de Industrias, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia y la Cámara Nacional de Comercio. «Hemos querido convocar una reunión extraordinaria del Comité Nacional de Facilitación del Comercio para adoptar medidas que permitan establecer la normalidad de las operaciones logísticas, fortalecer la competitividad del país y devolver certidumbre a quienes producen, exportan, importan e invierten en Bolivia», señaló Fernando Aramayo, ministro de Relaciones Exteriores.

Tres mesas técnicas para destrabar la logística

El acuerdo se tradujo en la creación de tres grupos de trabajo con plazos y responsables definidos: uno de temas aduaneros, coordinado por el Ministerio de Economía y la Cámara Nacional de Industrias; uno de logística y transporte, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia; y uno de aspectos sanitarios y fitosanitarios, bajo el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Cámara Nacional de Comercio. El objetivo declarado incluye simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y ampliar la vigencia de certificaciones vinculadas al comercio internacional. Giovanni Ortuño, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, remarcó que se busca «garantizar el acceso oportuno a insumos para la producción nacional y fortalecer la capacidad operativa de las entidades responsables de los servicios relacionados con el comercio exterior».

Quién gana y quién pierde

El exportador es quien más urgencia tenía en este acuerdo: cada día de bloqueo significó embarques perdidos y penalidades contractuales con compradores externos, en un momento en que el sector minero era el que sostenía el superávit comercial del país. El importador de insumos industriales gana en la medida en que se restablezca el flujo aduanero, aunque el beneficio depende de que las mesas técnicas produzcan normas concretas y no solo actas de reunión. El Estado gana en recaudación aduanera recuperada si el comercio vuelve a fluir, pero enfrenta el costo político de negociar con un sector privado que salió debilitado de los bloqueos. El consumidor final es, por ahora, un actor pasivo: se beneficiará solo si la normalización logística evita nuevos cuellos de botella en el abastecimiento de alimentos e insumos, algo que aún no está garantizado.

El límite de la medida

El acuerdo es un marco de diálogo y una hoja de ruta, no una solución inmediata. Las tres mesas técnicas dependen de que las propuestas de normas se redacten, se aprueben y, sobre todo, se apliquen con la misma velocidad con la que se anunciaron. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, planteó el acuerdo en términos de largo plazo: «Este es uno de los espacios que queremos construir, no solamente de las bases de la reconstrucción, sino las bases para el futuro de la economía boliviana». La pregunta es si esa construcción institucional puede avanzar más rápido que el próximo conflicto social que amenace con volver a cerrar las carreteras.