El Decreto 5647 amplía del 3% al 5% el límite máximo de variación mensual de las tarifas eléctricas para los consumidores regulados. Crea además Fondos de Estabilización del Mercado Eléctrico para cubrir la diferencia entre el costo real de generar electricidad y lo que los usuarios pagan.
Bolivia subsidiaba la electricidad desde hace décadas. El precio que los hogares y las empresas pagaban por la luz no reflejaba lo que costaba producirla. La diferencia la absorbía el Estado. Mientras el gas fue abundante y barato, ese esquema funcionó. Ahora que la producción de gas cayó más del 40% en diez años y que el tipo de cambio subió casi 40% en una semana, el modelo ya no cierra.
El Decreto 5647 es la respuesta estructural a ese problema. La norma amplía del 3% al 5% el límite máximo de variación mensual que pueden tener las tarifas eléctricas aplicadas a los consumidores regulados, es decir, los hogares, los comercios y las industrias que no generan su propia energía. El cambio parece pequeño en términos porcentuales, pero en la práctica significa que la factura de luz puede subir el doble de rápido que antes del decreto.
Cómo funciona el nuevo mecanismo
El decreto no fija un precio nuevo para la electricidad. Fija las reglas con que ese precio puede moverse. La norma crea Fondos de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista, mecanismos diseñados para absorber la diferencia entre el costo real de generar electricidad y la tarifa que los usuarios pagan. Cuando los costos suben más rápido que lo que la tarifa puede ajustarse, el fondo cubre la brecha temporalmente. Cuando hay margen, el fondo se reconstituye.
Los factores que activan los ajustes excepcionales son tres: variaciones en el precio del gas natural usado para generar electricidad, cambios en el Índice de Precios al Consumidor y modificaciones en el tipo de cambio oficial del dólar. Los tres factores están en movimiento al mismo tiempo en Bolivia. El gas natural tiene costos de producción crecientes. El IPC acumula presión inflacionaria desde 2025. Y el tipo de cambio acaba de subir casi 40% en una semana. Esa convergencia es la que hace necesario el nuevo decreto y la que también lo hace políticamente complicado.
Por qué el gobierno lo hizo ahora
El subsidio eléctrico tiene un costo fiscal que el Estado ya no puede ignorar. ENDE, la empresa estatal de electricidad, reportó pérdidas acumuladas crecientes en los últimos años porque el precio que cobra a los usuarios no cubre sus costos de operación, menos aún sus inversiones en generación y distribución. Sin inversión, la capacidad instalada no crece. Y sin capacidad instalada creciente, Bolivia no puede abastecer la demanda de una economía que busca reactivarse.
La reforma tarifaria era una condición implícita en las conversaciones con el FMI. Un organismo que analiza la sostenibilidad fiscal de un país no puede ignorar una empresa estatal que vende su producto por debajo del costo. El Decreto 5647 da una respuesta parcial a ese diagnóstico sin eliminar el subsidio de golpe, sino creando un mecanismo gradual que permite ajustes controlados mes a mes.
El riesgo político que el decreto asume
Bolivia salió de 53 días de protestas hace menos de dos semanas. Una de las demandas del movimiento social que paralizó el país fue precisamente el rechazo a los ajustes económicos que afectan el bolsillo de las familias. Subir la factura de electricidad hasta un 5% mensual, aplicado de forma sostenida, puede duplicar o triplicar la factura en un año si se aplica el máximo permitido cada mes.
El gobierno tiene dos argumentos para defenderse. El primero es que el límite del 5% es un techo, no un piso: los ajustes pueden ser menores si los costos no lo justifican. El segundo es que el Fondo de Estabilización actúa como amortiguador: cuando los costos suben mucho de golpe, el fondo absorbe parte del impacto en lugar de trasladarlo todo de inmediato al usuario.
Ambos argumentos son válidos. Pero en una economía con inflación acumulada del 14% anual, con familias que acaban de pagar precios récord por alimentos y medicamentos durante los bloqueos y con un fondo de pensiones que perdió valor contable en una semana, cada ajuste adicional en la canasta básica tiene un costo social que el gobierno tendrá que administrar con cuidado.
El subsidio eléctrico boliviano no puede mantenerse indefinidamente. El Decreto 5647 es la primera señal oficial de que el gobierno lo sabe y está dispuesto a desmontarlo. La velocidad a la que lo haga dependerá de cuánto aguante el bolsillo de las familias y cuánto resistan la calle y la Asamblea Legislativa.
