El Ministerio de Economía asegura que el Presupuesto General del Estado Reformulado 2026 bajará el déficit fiscal de 15,8% a 9,2% del PIB, un ajuste que el propio Ejecutivo califica de histórico. Pero el Banco Mundial insiste en que la economía boliviana caerá 1,1% este año y la CEPAL la ubica última en crecimiento regional, con apenas 0,5%.
El presidente Rodrigo Paz promulgó en julio la Ley del Presupuesto General del Estado Reformulado 2026, que fija un total ajustado de Bs 391.815,8 millones para inversión pública, unos Bs 7.400 millones más que la versión original. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, destacó que el objetivo central del ajuste es reducir el déficit fiscal de 15,8% a 9,2% del PIB mediante congelamiento de la planilla pública, límites al gasto corriente y mayor eficiencia en el uso de los recursos del Estado. El tratamiento del proyecto en el Legislativo también marcó un hecho inusual: fue debatido y aprobado por mayorías en ambas cámaras, algo que según reportes no ocurría de esa forma hacía dos décadas.
Los organismos multilaterales no compran el optimismo
Mientras el Gobierno defiende su plan de ajuste como el camino hacia la estabilidad, el Banco Mundial ratificó su proyección de que la economía boliviana se contraerá 1,1% en 2026. La CEPAL, por su parte, calcula que Bolivia crecerá apenas 0,5%, la cifra más baja de toda la región, muy por debajo de economías vecinas como Argentina, Paraguay o Perú, que según la misma entidad crecerían por encima del 3%. Ambos organismos coinciden en que el país arrastra desequilibrios macroeconómicos desde la segunda mitad de 2024, con más de una década de déficit fiscal consecutivo que la reformulación busca, al menos en el papel, empezar a revertir.
Quién paga la cuenta si la apuesta falla
El Estado se juega credibilidad política y fiscal en que el ajuste funcione sin frenar aún más la actividad. Las empresas privadas necesitan que la promesa de mayor disciplina se traduzca en condiciones más predecibles para invertir, pero enfrentan una demanda interna debilitada por la recesión. Los trabajadores del sector público sienten el ajuste de forma directa, con una planilla congelada que erosiona el poder adquisitivo frente a cualquier repunte de precios. El consumidor final observa con cautela, porque menos gasto público en algunos rubros puede significar menos subsidios o servicios en otros. Y los inversionistas, tanto locales como externos, seguirán mirando si las cifras oficiales de déficit terminan coincidiendo con lo que reporten el Banco Mundial y el FMI a fin de año.
