La generación eléctrica boliviana continúa concentrada en centrales que utilizan gas natural. Según datos del Comité Nacional de Despacho de Carga, las plantas termoeléctricas aportaron casi tres cuartas partes de la electricidad producida durante julio.

Las centrales de Warnes, Del Sur y Entre Ríos explicaron aproximadamente el 60 por ciento de toda la generación nacional. La concentración permite responder con flexibilidad a la demanda, pero expone al sistema cuando disminuye la disponibilidad de gas o alguna instalación entra en mantenimiento.

Las fuentes hidroeléctricas aportaron 18,7 por ciento. La energía solar y eólica, pese a los proyectos instalados, representó conjuntamente apenas 6,5 por ciento.

El subsidio protege tarifas y frena competidores

El Estado y los consumidores ganan temporalmente con el gas vendido al sector eléctrico a un precio reducido. Este mecanismo mantiene bajo el costo de generación y evita incrementos inmediatos en las tarifas. La distorsión perjudica a empresas interesadas en plantas solares, eólicas o hidroeléctricas. Estos proyectos deben competir contra centrales cuyo combustible no refleja plenamente su valor económico.

“Si hay un precio de gas subsidiado, no hay nadie que vaya a invertir”, afirmó Ángel Zannier, presidente de la Cámara Boliviana de Electricidad, al explicar la dificultad para atraer capital hacia fuentes alternativas. Las industrias y comercios necesitan electricidad estable y accesible. Sin embargo, también pierden cuando la falta de nuevas inversiones eleva el riesgo de fallas o limita el crecimiento de la capacidad instalada.

Importar gas trasladaría el costo a toda la economía

YPFB proyecta una caída progresiva de la producción y advierte que Bolivia podría importar gas en cinco años si no incorpora nuevas reservas. Ese escenario aumentaría la demanda de dólares y modificaría el costo de producir electricidad. Los importadores de equipos renovables ganarían un mercado mayor si se acelera la transición. Los trabajadores podrían beneficiarse con empleos en construcción, operación y mantenimiento de nuevas centrales.

Los consumidores quedarían expuestos si el costo del gas importado termina incorporándose a las tarifas o al presupuesto público. La próxima definición deberá combinar exploración, revisión de precios e inversión renovable. Si el país espera hasta que la escasez sea crítica, la transición dejará de ser una decisión planificada y se convertirá en una respuesta urgente y más cara.