La Cámara Agropecuaria del Oriente planteó modificar el plazo relacionado con la Función Económica Social, conocida como FES, con una propuesta que busca ampliar el periodo de verificación de dos a diez años para posteriormente avanzar hacia su eliminación. La posición fue expuesta por Klaus Frerking, presidente de la CAO, quien cuestionó el impacto que el mecanismo tiene sobre las decisiones de inversión en el sector.

El debate tiene una dimensión económica que va mucho más allá del terreno. Una actividad agropecuaria requiere inversiones que normalmente se recuperan en varios años. Mejorar una infraestructura productiva, ampliar una propiedad, incorporar maquinaria, desarrollar sistemas de riego o aumentar la capacidad de almacenamiento supone comprometer capital con una perspectiva de largo plazo.

Cuando el productor percibe incertidumbre sobre la permanencia de su derecho sobre la tierra, el incentivo cambia. La prioridad deja de ser expandir y pasa a ser conservar liquidez y reducir exposición.

Ese comportamiento puede tener consecuencias para toda la cadena. Menor inversión significa menor expansión de superficie productiva, menor demanda de maquinaria y servicios y una capacidad más limitada para aumentar la oferta exportable.

Productor, Estado y consumidor reciben impactos diferentes

Para el productor agropecuario, el principal costo de la incertidumbre es económico. Una inversión que necesita años para generar retorno se vuelve más difícil de justificar cuando existe preocupación sobre la estabilidad de la tenencia.

Para las empresas proveedoras de maquinaria, insumos, transporte y servicios especializados, una menor inversión agrícola también puede significar menos negocios. El efecto no queda limitado al propietario de la tierra, sino que se transmite hacia una cadena que incluye comercio, logística, financiamiento y empleo.

El Estado enfrenta una tensión diferente. La verificación del cumplimiento de la función económica de la tierra responde a un mandato establecido dentro del marco agrario boliviano, pero al mismo tiempo necesita evitar que ese mecanismo termine generando una incertidumbre que reduzca la producción.

El consumidor también puede recibir el efecto, aunque de manera indirecta. Una menor capacidad para aumentar la oferta nacional puede incrementar la dependencia de determinados productos importados o generar mayores presiones sobre los precios cuando la producción interna no acompaña el crecimiento de la demanda.

Para Bolivia, el punto central está en encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de las obligaciones legales sobre la tierra y la necesidad de construir condiciones que permitan planificar inversiones de largo plazo.

La seguridad jurídica del agro puede convertirse en una variable de crecimiento

La discusión adquiere mayor relevancia porque el Gobierno y el sector privado buscan elevar la producción y generar nuevas fuentes de divisas. En ese escenario, la tierra productiva deja de ser solamente un asunto jurídico y pasa a convertirse en un activo estratégico para la economía.

La propuesta de la CAO abre ahora una discusión que tendrá que involucrar al Estado, productores y actores jurídicos. Cambiar los plazos o modificar el mecanismo de verificación no solo requiere una decisión económica, sino también revisar el marco legal que regula la propiedad agraria y sus obligaciones.