El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que la propuesta incorpora un mecanismo que limita la posibilidad de que un gobierno ejecute nacionalizaciones de manera unilateral. Según indicó, cualquier decisión de ese tipo deberá contar previamente con el respaldo de dos tercios de la Asamblea Legislativa. El ministro sostuvo que este requisito busca evitar que decisiones con impacto económico de largo plazo respondan únicamente a intereses políticos coyunturales, y recordó que el costo de procesos de nacionalización ejecutados en el pasado sigue siendo asumido por las administraciones posteriores.

Activos intangibles y arbitraje, las nuevas garantías

Otro componente del proyecto amplía la protección jurídica del patrimonio de quienes invierten en el país. Espinoza señaló que la valoración de una inversión no debería limitarse a los bienes físicos, sino incluir también activos intangibles, derechos, conocimiento e ingresos proyectados, elementos que deberán considerarse ante una eventual expropiación. Explicó además que la propuesta busca dar mayor certidumbre a la inversión privada, definiendo con más claridad las condiciones en que la inversión extranjera recibirá un tratamiento similar al de la inversión nacional, respetando los principios de la Constitución. El tercer eje del proyecto habilita de nuevo el arbitraje internacional para resolver controversias de inversión en todos los sectores, con excepción de hidrocarburos. El ministro aseguró que la interpretación de que Bolivia no puede acudir a tribunales internacionales bajo ninguna circunstancia es incorrecta, y que el texto constitucional limita esa posibilidad únicamente en materia hidrocarburífera.

Una reforma que llega en paquete y bajo presión de tiempo

La futura Ley de Inversiones forma parte de un conjunto de reformas estructurales que el Ejecutivo prevé remitir este año a la Asamblea Legislativa, junto con los proyectos de Ley de Minería y de Ley de Hidrocarburos, cuyos borradores ya se discuten con distintos sectores económicos. En el caso de hidrocarburos, el Gobierno prevé incorporar modelos de contrato dentro de la propia norma, con el objetivo de reducir los tiempos de aprobación legislativa y la discrecionalidad política en la autorización de nuevos proyectos.

El Estado boliviano cede parte de su discrecionalidad futura a cambio de ganar previsibilidad frente a los inversionistas. Los inversionistas extranjeros y nacionales son los principales beneficiados, al obtener garantías legales más sólidas y una vía de arbitraje internacional que el proyecto busca habilitar nuevamente. El sector hidrocarburífero queda al margen de esa garantía, sujeto a las restricciones constitucionales vigentes. Los futuros gobiernos verán acotada su capacidad de nacionalizar de forma unilateral, lo que también implica una pérdida de margen de maniobra política frente a sectores estratégicos.