La reunión comenzó el jueves a última hora de la tarde en la Casa Grande del Pueblo en La Paz. Terminó en la madrugada del viernes. Doce horas de negociación, mientras afuera miles de cooperativistas intentaban ingresar a la plaza Murillo y la Policía respondía con gases lacrimógenos.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, declaró: «Había varios puntos que tratar, desde el tema de material explosivo, transporte, acceso a combustibles y demás. Hemos logrado varios acuerdos, se van a anunciar. Está claro que tanto ellos como nosotros estamos apostando por el diálogo. Lo que estamos buscando es que el país vuelva a trabajar.»

Qué se acordó y qué falta

Los detalles completos del acuerdo no se hicieron públicos al cierre de esta edición. Sin embargo, las declaraciones de los propios actores permiten reconstruir los puntos centrales. En materia de combustible, el gobierno informó que el abastecimiento se está normalizando tanto para los cooperativistas mineros como para otros sectores. Respecto a los explosivos, indicó que el suministro llegará a «todos los rincones del país» y que se instalarán mesas de trabajo con resultados en el menor plazo posible para atender otras demandas.

Un antecedente del diciembre pasado da pistas sobre el tipo de compromisos que el gobierno suele asumir en estas negociaciones. En ese ciclo anterior, uno de los acuerdos clave fue promover una ley corta para modificar el artículo 151 de la Ley de Minería y Metalurgia, permitiendo la asociación entre cooperativas mineras y empresas privadas, algo que la norma vigente prohíbe expresamente. Es el tipo de cambio estructural que el sector reclama desde hace años y que los acuerdos de coyuntura difícilmente pueden sustituir.

El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí, Óscar Chavarría, confirmó que el diálogo contempló al menos nueve puntos y que su conclusión fue exitosa. Anunció el respaldo de Potosí al gobierno y no descartó que los cooperativistas de esa región salgan a desbloquear rutas obstruidas por otros sectores. «Podemos salir a desbloquear, Potosí es grande y tenemos un poderío en ese aspecto», declaró. También cuestionó las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana, señalando que se han politizado aprovechando la movilización del sector minero.

El contexto que no cambia con el acuerdo

Fencomin representa a más de 120.000 trabajadores en todo el país, con presencia en Potosí, Oruro y La Paz. Sus demandas centrales, acceso a combustible, suministro de explosivos y mejores condiciones de transporte, no son caprichosas. Son el reflejo de los mismos problemas estructurales que en mayo afectan al agro, al transporte y a la industria: Bolivia importa casi todo el diésel que consume y el sistema de distribución no da abasto cuando la demanda se concentra.

La ruptura del diálogo semanas atrás se produjo tras la inasistencia del presidente Rodrigo Paz a una reunión previamente agendada con seis ministros. La dirigencia calificó ese hecho como una falta de consideración hacia su institucionalidad. Ese episodio aceleró la decisión de sumarse a los bloqueos convocados por la COB y derivó en la jornada más tensa de las últimas semanas en la sede de gobierno.

El acuerdo de esta madrugada detiene la movilización. Pero es el tercer entendimiento entre el gobierno y el sector minero cooperativo en seis meses. En diciembre de 2025 se instalaron mesas de trabajo. En abril de 2026 el ciclo se repitió. Esta semana volvió a repetirse. Cada vez que el ciclo se reinicia, el costo para la economía sube: rutas cortadas, mercadería paralizada, imagen del país ante inversores deteriorada.

Bolivia captó 1.000 millones de dólares en bonos soberanos hace una semana con el argumento de que la estabilidad avanza. Un bloqueo con enfrentamientos en el centro de La Paz, siete días después, es la señal contraria. Los mercados financieros que compraron esos bonos no miran solo los indicadores macroeconómicos. Los acuerdos de esta madrugada son un paso necesario. Lo que determinará si Bolivia sale del ciclo de protestas recurrentes no es la habilidad para negociar en 12 horas, sino la velocidad con que resuelva los problemas de fondo que hacen necesaria esa negociación.