El proyecto de ley que plantea un alza de aportes y jubilación obligatoria en Bolivia ha sido observado por distintos sectores, quienes consideran que es una medida regresiva que afectará a los trabajadores.

El proyecto, presentado por el gobierno del presidente Luis Arce, plantea aumentar el aporte obligatorio de los trabajadores del 10% al 15%, y la edad de jubilación de 60 a 65 años.

Los principales argumentos de los opositores al proyecto son que aumentará la carga tributaria de los trabajadores, que dificultará el acceso a la jubilación, y que generará informalidad laboral.

El sector empresarial ha expresado su preocupación por el impacto que el alza de aportes tendrá en los costos laborales, lo que podría llevar a una reducción de la inversión y del empleo.

Los trabajadores, por su parte, han manifestado su rechazo al proyecto, argumentando que es una medida injusta que los obligará a trabajar más tiempo para poder jubilarse.

El proyecto de ley aún debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el gobierno tiene mayoría. Sin embargo, la oposición ha anunciado que presentará una serie de observaciones para tratar de frenar su aprobación.

A continuación, se presentan algunos de los argumentos de los opositores al proyecto:

• Aumento de la carga tributaria: El alza de aportes aumentará la carga tributaria de los trabajadores, lo que podría afectar su poder adquisitivo.
• Dificultad para acceder a la jubilación: El aumento de la edad de jubilación dificultará el acceso a la jubilación para los trabajadores, quienes tendrán que trabajar más tiempo para poder jubilarse.
• Generación de informalidad laboral: El alza de aportes podría generar informalidad laboral, ya que los trabajadores podrían optar por trabajar en el sector informal para evitar pagar más impuestos.

El gobierno ha defendido el proyecto argumentando que es necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, los opositores al proyecto consideran que existen otras medidas que podrían ser implementadas para mejorar el sistema de pensiones, como la reducción de la corrupción y el aumento de la eficiencia.