El Presupuesto General del Estado 2025, recientemente aprobado en grande por la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, busca impulsar la economía con un presupuesto consolidado de Bs 296.565 millones. Sin embargo, medidas como el control de precios generan controversias entre empresarios y políticos.

El Gobierno boliviano presentó un PGE que incrementa un 11,7% el presupuesto consolidado respecto a 2024, con énfasis en inversión pública y sectores estratégicos como hidrocarburos, minería y energía, donde se destinarán más de $us 850 millones. Este presupuesto proyecta un crecimiento económico del 3,5% para el próximo año, aunque menor al 3,71% previsto para 2024. A su vez, se estima una inflación del 7,5% y un déficit fiscal del -9,2%, cifras que generan preocupación entre analistas y líderes del sector privado​

Dentro del presupuesto, destacan los aumentos en áreas clave como educación (Bs 31.078 millones) y salud (Bs 29.892 millones), evidenciando un compromiso con el bienestar social. En contraste, se han cuestionado las disposiciones adicionales del PGE, como la séptima, que permite el decomiso de productos si se detecta manipulación de precios en alimentos esenciales.

Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, también expresó su preocupación, señalando que estas políticas impactan negativamente en la seguridad jurídica de los actores económicos. Por otro lado, el ministro de Economía defiende el modelo planteado, asegurando que las inversiones propuestas fortalecerán sectores estratégicos y permitirán mantener la estabilidad del modelo económico.