El sector agropecuario boliviano celebró recientemente el avance del Proyecto de Ley N.º 553/2024-2025, aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, que modifica la Ley N.º 1102 del Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato (CONALCABI). Con esta modificación se endurecen las sanciones penales por este delito, estableciendo penas de hasta ocho años de privación de libertad. Esta medida busca combatir el robo y faena clandestina de ganado que afecta la inversión, la productividad y la salud pública del país.

De acuerdo con cifras presentadas por la gremial ganadera, el abigeato ha generado pérdidas de al menos US$ 4 millones en 2023 solo en el departamento de Santa Cruz, mientras que en un período más amplio los daños al sector se estiman en US$ 14,4 millones entre 2018 y 2022. Además, se documentan casos de miles de cabezas de ganado robadas y faenadas ilegalmente, especialmente en zonas rurales de Santa Cruz y Beni.

El impacto económico va más allá de los robos directos. En una actividad intensiva en capital como la ganadería, cuando el productor enfrenta robos recurrentes, pierde incentivos para invertir en genética, infraestructura, maquinaria y mejora productiva. Esto limita el crecimiento del hato, reduce la escala operativa y afecta la capacidad de exportar carne o subproductos. Por tanto, la nueva norma adquiere relevancia estratégica: al brindar mayor seguridad jurídica, apunta a mejorar el clima inversor, facilitar accesos a créditos agropecuarios y potenciar la competitividad del sector.

El reto para la ley será su implementación efectiva. Los expertos destacan que el endurecimiento normativo es importante, pero sin adecuados mecanismos de fiscalización, registro, trazabilidad del ganado y articulación entre autoridades judiciales, productivas y aduaneras, el efecto podría ser limitado. En términos económicos, una norma bien aplicada contribuiría a estabilizar costos logísticos, reducir pérdidas y liberar recursos que hoy se destinan a enfrentar el robo, lo cual permitiría a los productores alinear su producción con estándares internacionales y aspirar a exportaciones más allá del mercado interno.

En el plano macroeconómico, la ganadería juega un papel relevante en la economía boliviana: según estudios sobre cadena de valor, el consumo de carne bovina se encuentra por debajo de los 21 kg per cápita anual, lo que indica espacio para crecimiento si se reducen las vulnerabilidades del sector. En un contexto internacional donde la demanda de carne de calidad y subproductos está en aumento, Bolivia necesita garantizar la seguridad jurídica para captar inversión, mejorar su infraestructura y acceder a nuevos mercados. La norma es un paso en esa dirección, siempre que se complemente con políticas de apoyo, mejora sanitaria y expansión exportadora.

La aprobación del proyecto en la comisión representa un avance esencial, pero la transformación de la ganadería en un sector más dinámico dependerá del nivel de cumplimiento y de acompañamiento estatal e institucional. La expectativas del sector se centran en que la ley sea tratada prontamente en el pleno de la Cámara de Diputados, para que entre en vigencia lo antes posible y comience a generar impacto real en la productividad y seguridad del campo boliviano.