La inflación acumulada en Bolivia alcanzó 18,33% a septiembre, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en medio de una crisis marcada por la falta de divisas, distorsiones en el abastecimiento y presión creciente sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Aunque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió solo 0,20% en septiembre, registrando el tercer mes consecutivo de desaceleración, el acumulado anual refleja una escalada sin precedentes recientes. El aumento interanual es más de tres veces superior al registrado en 2024, lo que confirma el deterioro de la estabilidad macroeconómica.

Entre los rubros que más incidieron están alimentos de consumo masivo como la carne de res y el tomate, además de servicios de alimentación fuera del hogar. Ciudades como Trinidad, Potosí y Oruro superaron el promedio nacional, mientras que La Paz anotó un incremento marginal del 0,07%.

Expertos advierten que la inflación responde a factores estructurales, entre ellos la escasez de dólares, que encarece importaciones y presiona los precios internos, sumada a bloqueos carreteros que interrumpen el flujo de mercancías. Esta combinación ha derivado en alzas recurrentes en alimentos y servicios básicos, golpeando con mayor dureza a los hogares de ingresos medios y bajos.

El impacto también alcanza al sector empresarial, que enfrenta costos más altos en insumos y dificultades para planificar inversiones. Analistas alertan que Bolivia se aproxima a un escenario de estanflación, caracterizado por crecimiento débil y precios persistentemente altos, lo que limita las herramientas de política económica disponibles.

Si bien la leve moderación mensual sugiere un respiro en la dinámica de corto plazo, los desafíos de fondo permanecen. El próximo gobierno deberá encarar una agenda de estabilización que combine acceso transparente a divisas, racionalización del gasto público y medidas de confianza que permitan contener la espiral de precios y recuperar credibilidad en los mercados.