Bolivia tiene ahora un número que resume el costo total de la crisis: 2.700 millones de dólares. Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, lo presentó en una entrevista televisiva como la cifra acumulada de los efectos combinados de los bloqueos, la escasez de combustible y las restricciones logísticas sobre la producción, el comercio, las exportaciones y el empleo.

Dentro de ese total, el sector industrial concentra pérdidas de aproximadamente 1.000 millones de dólares. La mitad de ese daño, 500 millones, corresponde solo al departamento de La Paz. El dato que mejor ilustra la magnitud del golpe es operativo: de las casi 13.000 industrias pequeñas, medianas y grandes que funcionan en La Paz, alrededor de 9.000, el 70%, dejaron de operar temporalmente o trabajan a media capacidad.

Por qué el daño se concentra en la industria

Morales explicó que los bloqueos no solo cortan el tránsito de carga pesada. Generan un efecto en cadena sobre toda la estructura productiva: la falta de combustible y las restricciones de transporte impiden que las industrias reciban materias primas, distribuyan productos terminados y cumplan compromisos comerciales dentro y fuera del país. Cada eslabón roto se traduce en mayores costos de producción y menor competitividad para las empresas bolivianas frente a sus competidores regionales.

A la interrupción física de la cadena se suma un problema más profundo: las empresas no pueden planificar inversiones ni operaciones cuando no saben si tendrán combustible la próxima semana o si podrán acceder a los dólares que necesitan para importar insumos. Esa incertidumbre frena decisiones de expansión incluso en las industrias que sí siguen operando.

El plan de cinco puntos

La CNI presentó una agenda concreta para enfrentar la crisis. El primer punto exige garantizar el abastecimiento regular de diésel y gasolina para los sectores productivos. El segundo plantea restablecer la libre transitabilidad en las carreteras, condición sin la cual ninguna otra medida tiene efecto real. El tercero apunta a fortalecer las exportaciones como vía para generar las divisas que el país necesita con urgencia. El cuarto propone reforzar la seguridad jurídica para atraer nuevas inversiones. El quinto busca consolidar una agenda de trabajo conjunta entre el sector público y privado para encontrar soluciones estructurales, no solo paliativos de corto plazo.

Ninguna de las cinco medidas es nueva en el discurso empresarial boliviano. Lo que cambia es el contexto en que se presentan: con 9.000 industrias paceñas paralizadas o a media máquina y un costo total que ya supera los 2.700 millones de dólares, la diferencia entre implementarlas ahora o seguir postergándolas se mide en empleos que se pierden semana a semana.