El primer tipo de cambio flexible de Bolivia fue de Bs 9,73 por dólar. El que rigió durante 15 años fue de Bs 6,96. La diferencia entre los dos números es del 39,8%. Eso es lo que el boliviano perdió de valor entre 2011 y hoy. No de golpe, sino de forma silenciosa, acumulada en el mercado paralelo, en las colas de las casas de cambio y en el precio de cada importación que el comerciante tuvo que pagar de más para conseguir los dólares que el banco no le daba.

Lo que ocurrió el viernes 26 de junio no fue una devaluación en sentido estricto. Fue el reconocimiento oficial de una devaluación que el mercado ya había ejecutado hace tiempo. Y ese matiz, aunque técnico, es el que separa las dos lecturas que Bolivia tiene hoy sobre lo que acaba de hacer.

Dos visiones de la misma medida

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, defendió el nuevo régimen con cuatro argumentos. Primero, que Bolivia pasó de convivir con varios precios del dólar a un solo sistema transparente. Segundo, que el país registra cuatro meses consecutivos de superávit fiscal, lo que da respaldo para la transición. Tercero, que el esquema facilitará el ingreso de remesas, que superan los 1.000 millones de dólares anuales, porque ahora habrá incentivo para liquidarlas en el sistema formal. Y cuarto, que la flexibilización devolverá competitividad a las exportaciones.

El vicepresidente Edmand Lara leyó el mismo decreto y llegó a conclusiones diferentes. En un documento público advirtió que liberar el tipo de cambio sin reservas suficientes, sin respaldo fiscal sólido y sin confianza de los mercados puede derivar en una devaluación real que golpee los precios de alimentos, medicamentos, maquinaria y combustibles. «Sin disciplina fiscal, sin más dólares genuinos y sin confianza, el tipo de cambio flexible deja de ser estabilizador y se vuelve un acelerador de inflación e incertidumbre», sostuvo, citando los casos de Zimbabue, Argentina en 2018, Rusia en 1998 y Turquía entre 2021 y 2023.

Lara también cuestionó el aspecto legal de la medida: la administración del régimen cambiario es competencia del Banco Central de Bolivia, no del Ministerio de Economía. La Resolución Ministerial 245 fue firmada por el Ejecutivo, no por el BCB, lo que abre un debate jurídico que podría complicar la implementación si alguien lo impugna.

El número que nadie anticipó

El impacto más silencioso y más grande de la semana no estuvo en los titulares del viernes. Estuvo en el balance del fondo de pensiones boliviano, que registró contablemente una pérdida de 7.650 millones de dólares con el nuevo régimen cambiario.

El fondo de pensiones administra los ahorros de jubilación de los trabajadores bolivianos en bolivianos. Cuando el tipo de cambio sube de Bs 6,96 a Bs 9,73 por dólar, el valor de esos ahorros medido en dólares cae automáticamente. No es que el dinero desapareció: sigue siendo la misma cantidad de bolivianos. Pero en términos de poder adquisitivo internacional, el ahorro de cada trabajador vale casi 40% menos en dólares que la semana anterior.

Lo que el sector privado pide que acompañe la medida

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Eduardo Olivo, reconoció que el país necesitaba corregir el sistema cambiario pero fue directo sobre sus límites: «Ningún régimen cambiario resolverá la crisis si no forma parte de un programa nacional de recuperación económica.» El sector empresarial pide seguridad jurídica, libre disponibilidad de divisas, incentivos a las exportaciones, reforma tributaria y reglas claras para invertir. Son condiciones que requieren leyes, no solo decretos.

El problema es que la Asamblea Legislativa aprobó receso del 6 al 20 de julio. Las leyes de inversión, hidrocarburos y electricidad que deberían acompañar la reforma cambiaria tendrán que esperar dos semanas más en un momento en que cada semana cuenta.

Bolivia liberó el precio del dólar. Ahora necesita generar los dólares que el nuevo precio podrá medir con honestidad. Esa segunda parte, la más difícil, no está en ninguna resolución ministerial todavía.