El presidente de la CAINCO expresó su solidaridad con los departamentos afectados por la falta de alimentos y oxígeno en centros hospitalarios y señaló que la situación pone en riesgo la vida de la población. «Lo principal está en las vidas humanas», afirmó al pedir al Estado intervenir para restablecer la libre transitabilidad y garantizar el abastecimiento de productos esenciales.

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, confirmó este martes que se intervendrán todos los puntos de bloqueo en coordinación con las Fuerzas Armadas.  Legisladores del oficialismo y de Alianza Unidad sugirieron al gobierno dictar un estado de excepción en el departamento de La Paz ante la permanencia de los bloqueos y sus consecuencias para el transporte y la población. El experto en derecho Eusebio Vera explicó que esta medida es dictada por el presidente mediante decreto supremo en consejo de ministros y requiere posterior aprobación de la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas.

El origen del conflicto y lo que ya cedió el gobierno

Las movilizaciones fueron convocadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana con demandas económicas concretas: incremento salarial del 20%, mejoras en el abastecimiento de combustible y la abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras. Con el desarrollo del conflicto, las protestas incorporaron la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El Senado allanó el camino para la abrogación de la Ley 1720, una de las principales demandas de los sectores campesinos que aún se mantienen en las carreteras. Sin embargo, la concesión no frenó el conflicto. Los sectores que sostienen los bloqueos más críticos ya trasladaron sus exigencias a un plano diferente.

Antelo señaló que existe una decisión de abrogar la norma cuestionada y abrir un proceso de debate regional durante los próximos 90 días para consensuar una nueva ley. «Hoy ya no hay motivos para seguir bloqueando el país. El debate y las demandas deben trasladarse a la Asamblea desde las regiones que tienen representantes a través de sus diputados y senadores», indicó. El país necesita avanzar este año en al menos cinco normas consideradas fundamentales para atraer inversiones y recuperar dinamismo económico: una nueva Ley de Hidrocarburos, Ley de Energía, Ley de Electricidad, una Ley de Asociaciones Público-Privadas y una Ley de Inversiones.

Antelo sostuvo que Bolivia arrastra una «herencia de bloqueos» consolidada durante años como mecanismo de presión política que hoy afecta a productores, transportistas, emprendedores y consumidores. «Hoy es el resultado de unos cuantos que quieren hacer política poniendo piedras y trancas al país y al desarrollo que hoy necesita Bolivia», afirmó.

Bolivia captó 1.000 millones de dólares en bonos soberanos hace dos semanas y negocia con el FMI un acuerdo que los mercados descuentan como probable. Ambas negociaciones dependen de la misma variable que los bloqueos erosionan cada día. La estabilidad no es una palabra abstracta en este contexto. Es la condición que los inversores leen en las noticias de Bolivia todas las mañanas antes de decidir si mantienen o venden sus posiciones.