Análisis de Boris Santos Gómez Úzqueda @BorisSGomezU 

Me adscribo a quienes buscamos establecer una cruzada, una ILVE –Iniciativa Latinoamericana para Vehículos Eléctricos– que integre a estados nacionales, subnacionales, municipalidades, el sector privado, consumidores y fabricantes de vehículos eléctricos (EV).

El cambio de vehículos movidos por combustible fósil a eléctricos es una realidad global que empezará a tomar cuerpo en este hemisferio. Hay probadas ventajas: sostenibilidad en el transporte, disminución de emisiones de CO2 y otros contaminantes para mitigar el cambio climático y la mejora de calidad del aire, así como diversificación de fuentes renovables de impulso en el transporte y la consiguiente reducción de la dependencia de combustibles producidos desde el petróleo.

Esto va a generar un ahorro impresionante. Si la flota actual de buses y taxis de 22 ciudades latinoamericanas fuera reemplazada hoy por vehículos eléctricos, para 2030 se ahorrarían casi $us 64.000 millones en combustible y se reducirían 300 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (estudio ONU).

Las desventajas de los EV para el consumidor promedio tienen que ver con los números: altos costos de compra y la aún incipiente infraestructura para recargarlos. La autonomía de las baterías está siendo resuelta por la tecnología, por el capitalismo competitivo que busca dos cosas: vender más EV que sean de menor costo y de mayor autonomía.

Toca ordenar ideas y establecer un organismo latinoamericano que se encargue de recoger ideas y redactar una única regulación latinoamericana de incentivo al uso de EV. Aquí no entran discusiones de soberanía ni otras vainas: el tema es alinear a América Latina a un norte: generar un mejor clima ambiental, ahorrar dinero de uso de combustibles e introducir el uso de la electricidad, dado que varios países de América Latina son productores de gas (para producción de electricidad).

Los temas de esa regulación común podrían ser: 1) cero aranceles de importación de EV al continente; 2) cero impuestos municipales o subnacionales a EV por los próximos 10 años a su importación; 3) cero aranceles de importación de piezas, partes, baterías y repuestos para EV por un plazo de 10 años; 4) reducción del 15% de las facturas de uso de electricidad destinadas al EV del usuario; 5) cero costos de transferencias; 6) subsidio a empresas privadas que cambien su flota de transporte público o de carga de vehículos de fósiles a EV; 7) cero costos en peajes viales por 10 años; 8) cero impuestos por cinco años a inmuebles donde se instalen puntos de recarga de EV. Son ideas. Algunas de ellas en aplicación en Europa.

Este paquete común de regulación ayudaría a impulsar el consumo de este producto. Lo bueno es que el latinoamericano quiere ser parte de la revolución de los EV, pero obviamente necesita incentivos.

Chile es el primer país en América Latina que implementa el transporte público eléctrico. Es que tienen una ministra de Energía con liderazgo y pensamiento moderno, pensando más allá de esta generación; además cuenta con insumos (cobre y litio) para la electromovilidad. La visión chilena busca aumentar 10 veces más EV para 2022 y que el 40% de los vehículos particulares y 100% del transporte público sean EV para 2050. Me quedo con la frase del presidente Sebastián Piñera: “Chile se va a transformar, después de China, en el país con mayor cantidad de buses eléctricos en el mundo”. Con ese tipo de pensamiento ‘out-of-the-box’ es que América Latina va a avanzar. La tarea es empezar. Y como siempre: cuando hay ideas para mejorar todas son buenas.

Fuente: El Deber