Análisis de: M.G.F. Mirko Gardilcic Calvo.

Actual docente Emérito Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, fue Gerente General de Fábrica Nacional de Cemento S.A., presidente del Colegio de Administradores de Empresas de Chuquisaca y decano de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas – UMRPSFXCH.

Reconociendo la importancia económica que conlleva la actividad avícola nacional, traducida a la producción de más de 400 mil toneladas de carne de pollo y alrededor de 2.400 millones de huevos por año, se justifica el presente artículo que busca explicar las causas principales que amenazan y ponen en riesgo esta actividad productiva.

En primer término, es viable identificar que el problema económico financiero se debe a un aumento desmesurado de los costos de producción, frente al estancamiento de los precios de venta de sus productos. Siendo así, que para el último quinquenio (2013-2018) por un lado los efectos de la inflación ocasionaron una imperceptible variación anual, pero acumulativamente una significativa elevación de los costos de los insumos (pollitos BB, alimento balanceado, fármacos, energéticos y gastos varios), que para dicho quinquenio bordea el 18,48 %, pero por otro lado están los permanentes incrementos de los sueldos y salarios decretados por el Gobierno (incluido el 2º aguinaldo), acumulando una elevación del 45,33 % para el mismo periodo. De forma tal, que al representar los sueldos y salarios +/- un 20% de los costos totales, es posible afirmar que dichos factores produjeron un incremento promedio de alrededor del 24 % en los costos del sector avícola nacional.

Ahora bien, recurriendo a estadísticas publicadas oficialmente, fue posible apreciar que el precio de venta de la carne de pollo osciló, desde inicios del 2014 de 14,50 Bs/kilo hasta 16 Bs/kilo para finales del 2018, lo que refleja un incremento de apenas un 10 % en el precio de venta al consumidor, Situación que induce a pensar que resulta ser cierto, aquello que los empresarios manifiestan en sentido de que se encuentran ante una seria encrucijada, llegando al borde de paralizar la producción y cerrar sus granjas. Sobre todo, comparando con lo sucedido en el quinquenio anterior, en el que lograron un incremento del 57% en el precio de venta, pues en el 2009 se tenía un precio de 7,5 Bs/kilo, que para el 2013 se elevó a 11,75 Bs/kilo.

Sin embargo en condiciones normales, para los entendidos en administración y economía, no debiera ser motivo de mucha preocupación, por cuanto responde tradicionalmente al libre juego del mercado, que mediante mecanismos de ajuste de la oferta y la demanda se logra la solución a los desajustes.

¿Entonces en qué radica el verdadero problema? La única respuesta coherente que pudimos encontrar es la injerencia exógena del Estado, que con sus políticas intervencionistas, por una parte a través de los Ministerios de Desarrollo Productivo y Rural, establecen controles arbitrarios a los precios de venta, consintiendo que el SENASAG incumpla su rol de control y fiscalizador de la calidad del producto y la sanidad e inocuidad del proceso, que originan la proliferación de criadores clandestinos, y por otro lado, como ya sucedió con otros rubros, introducen competencia desleal al implementar empresas públicas (granjas estatales en el trópico de Cochabamba), además de otorgar ayudas asistencialistas incentivando a ciertos grupos de campesinos, que concluyen subvencionando la producción avícola que son las causas de las graves distorsiones en el mercado.

Esta problemática por sí sola pareciera intrascendente, pero guardando las distancias y diferencias, generalmente se constituye en el detonante para la mayoría de las crisis alimentarias, como la reciente ocurrida en Venezuela. Pues el menoscabar y deteriorar el aparato productivo del sector privado, se paradoja a “hurgar el avispero” que en sentido figuradocausará serios daños: en primer término a la sociedad privándole de alimentos primordiales, y posteriormente a la economía al dejar de consumir insumos nacionales, prescindir de trabajadores y servicios, además de dejar de pagar impuestos al erario nacional.

Como conclusión, se considera que la solución integral a éste y otros problemas similares, debe pasar por una revisión y restructuración del rol del Gobierno en el desarrollo del sector productivo nacional, debiendo decidir entre otras acciones: respetar la autonomía de gestión del empresariado, implementar a título de fiscalización “bandas de precios” que cuenten con mecanismos de reajuste automático, controlar la calidad, sanidad e higiene del producto, levantar las medidas que restrinjan la exportación de excedentes, pero sobre todo garantizar la seguridad jurídica para las empresas.