El Gobierno remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley de Inversiones, una norma de 103 artículos que busca dar previsibilidad a quienes inviertan en el país. Su punto más sensible establece que cualquier nacionalización o expropiación deberá aprobarse mediante una ley de prioridad nacional, lo que exige el acuerdo explícito entre el Ejecutivo y el Legislativo. «El Ejecutivo y el Legislativo deben ponerse de acuerdo para llevar adelante algo como una nacionalización o expropiación», explicó en su momento José Gabriel Espinoza, entonces ministro de Economía y Finanzas Públicas. El proyecto también crea una Agencia Nacional de Inversión y una ventanilla única para simplificar los trámites que hoy enfrentan los inversionistas nacionales y extranjeros.

El respaldo empresarial llega con condiciones

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz valoró positivamente la propuesta durante su presentación oficial. «Bolivia necesita una nueva ley de inversiones que recupere la confianza y convierta la seguridad jurídica, la facilitación y los incentivos en instrumentos concretos», señaló Pablo Mendieta, director del Centro Boliviano de Economía de esa institución. Pero el respaldo no fue incondicional. La Cámara Agropecuaria del Oriente y la propia entidad cruceña advirtieron que la ley por sí sola no basta, y pidieron acompañarla de otras normas estructurales que atiendan la estabilidad macroeconómica, la seguridad energética y la generación de empleo, en momentos en que la brecha entre los tiempos legislativos y la urgencia de la economía real se ha vuelto evidente.

A quién beneficia y qué queda pendiente

Para los inversionistas nacionales y extranjeros, la norma representa una reducción del riesgo político que históricamente ha frenado el ingreso de capital al país, al atar cualquier medida expropiatoria a un proceso legislativo más lento y visible. Para el Estado, el cambio implica ceder parte de la discrecionalidad que tenía el Ejecutivo en decisiones de este tipo, a cambio de una señal de previsibilidad que espera traducirse en más inversión y empleo formal. Para los trabajadores informales, que según el propio Gobierno superan el 80% de la fuerza laboral, el beneficio depende enteramente de que ese capital nuevo se convierta en empleo real y no se quede en el papel.

El proyecto llega, además, en un momento político inestable. Espinoza, el ministro que lo presentó y socializó ante los empresarios, fue censurado por la Asamblea Legislativa días después de enviar la norma, y el país tiene ahora un ministro de Economía interino. Eso deja en el aire quién asumirá el seguimiento político del proyecto dentro del Ejecutivo mientras la Asamblea inicia su debate.