El Gobierno confirmó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional por 1.900 millones de dólares a 36 meses, el primer programa de este tipo que Bolivia firma en más de dos décadas. La cifra es apenas la primera parte de un paquete que el Ejecutivo proyecta ampliar hasta 5.000 millones de dólares.
El acuerdo se enmarca en el Servicio Ampliado del FMI y todavía debe pasar por la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo y de la Asamblea Legislativa boliviana. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló que el programa permitirá avanzar hacia la «estabilización fiscal y monetaria» del país y que responde a la confianza generada por el plan de reformas del Gobierno de Rodrigo Paz. Espinoza fue enfático en aclarar que no existen condicionalidades impuestas por el FMI, sino compromisos que el propio Gobierno asumió para ordenar las cuentas públicas. Según datos oficiales, el crédito tendrá una tasa de interés de entre 4% y 4,5% y un periodo de gracia de cuatro años y medio. El ministro adelantó que el documento será remitido al Legislativo la próxima semana y pidió a los asambleístas tratarlo con urgencia.
De la escasez de dólares a un respiro calculado
El financiamiento llega en un momento en que el sistema cambiario boliviano opera bajo un esquema dual desde la unificación iniciada en noviembre de 2025, con un tipo de cambio oficial que el Banco Central ajusta a diario y un dólar paralelo que sigue cotizando por encima de ese valor de referencia. El objetivo declarado del programa es flexibilizar el régimen cambiario y recomponer las reservas internacionales, además de acompañar la reducción del déficit fiscal que la Asamblea ya aprobó en la reformulación del Presupuesto General del Estado 2026. El acuerdo no resuelve por sí solo la escasez de divisas, pero introduce un flujo de recursos frescos que el Ejecutivo necesita para sostener el proceso de ajuste sin ahogar la actividad económica.
Para el Estado, el acuerdo significa oxígeno inmediato para las reservas, pero también nueva deuda que deberá pagarse en los próximos años. Los importadores y las empresas que dependen de divisas para operar podrían ver un alivio gradual si el flujo de dólares se normaliza, en un contexto donde buena parte del empresariado ya advierte riesgos para el empleo formal si la economía no se reactiva pronto. Los consumidores podrían notar menor presión sobre los precios de los productos importados si la brecha cambiaria se estrecha, aunque ese efecto no será inmediato. Los trabajadores del sector formal son quizás los más expuestos: su estabilidad depende de que las empresas logren sortear estos meses de ajuste sin recortar planillas.
