El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, calificó la aprobación como un hecho institucional al lograrse acuerdos entre bancadas que durante meses no encontraban punto de encuentro. El proyecto de ley, tratado en comisión desde marzo, había enfrentado retrasos sucesivos antes de llegar al pleno. Su aprobación en la madrugada del pasado sábado, con el respaldo de distintas fuerzas políticas, marca un contraste con la polarización que caracterizó buena parte del año legislativo.

Menos impuestos para importar, más incentivo para producir

El corazón de la reformulación es la exención por cinco años de aranceles y del Impuesto al Valor Agregado para la importación de insumos, maquinaria y bienes de capital destinados a sectores productivos. La medida busca abaratar la inversión de las empresas que fabrican bienes dentro del país, en un momento en que el costo de acceder a divisas ya es un obstáculo adicional para cualquier importación. El presupuesto reformulado también redistribuye recursos adicionales hacia las universidades públicas, priorizando el pago de salarios y el financiamiento de proyectos de investigación.

El Estado se compromete a un recorte fiscal ambicioso en un contexto de reservas internacionales a la baja, lo que exige que el ajuste se cumpla efectivamente y no quede solo en el papel. Las empresas productivas nacionales son las principales beneficiadas, al reducir el costo de renovar maquinaria o importar insumos durante un lustro completo. Las universidades públicas ganan margen financiero para sostener sus planillas y proyectos de investigación, un alivio en un sector que suele enfrentar recortes en años de ajuste. El resultado para el consumidor y el trabajador común es menos inmediato: dependerá de si el estímulo a la producción realmente se traduce en más empleo y en precios más competitivos, o si el ajuste fiscal termina compensándose con otras medidas que golpeen el bolsillo.

El Senado retoma el tratamiento del proyecto después del receso parlamentario que se extendió del 6 al 20 de julio. La incógnita es si la Cámara Alta mantendrá el mismo consenso que permitió la aprobación en Diputados, o si introducirá modificaciones que compliquen el cronograma en un año donde cada boliviano de déficit cuenta.