El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imposición de aranceles del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio, una decisión que podría intensificar las tensiones comerciales a nivel mundial y tener repercusiones significativas en diversas economías.

El 10 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump firmó órdenes ejecutivas que establecen un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio, sin excepciones ni exenciones. Esta medida, que entrará en vigor el 12 de marzo, busca proteger a las industrias nacionales estadounidenses, argumentando que son vitales para la seguridad nacional. Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación entre los principales socios comerciales de Estados Unidos. Canadá, el principal proveedor de acero y aluminio al mercado estadounidense, junto con México y Brasil, se verán directamente afectados. La federación del acero en el Reino Unido, UK Steel, ha calificado la medida como un «golpe devastador» para un sector ya en declive.

En respuesta, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, expresó que la decisión es injustificada y una mala idea, señalando que Estados Unidos mantiene una balanza comercial favorable con México en estos metales. Ebrard indicó que se realizarán consultas con las autoridades estadounidenses, aunque no mencionó posibles aranceles de represalia.

Impacto en America Latina

Si bien los países latinoamericanos no son los principales exportadores de acero y aluminio a Estados Unidos, las repercusiones de esta medida podrían sentirse en toda la región. La intensificación de tensiones comerciales a nivel global puede alterar los precios internacionales de estos metales, encareciendo las importaciones para industrias clave como la construcción y la manufactura en economías como México, Brasil, Argentina, Colombia y Bolivia.

En el caso de Bolivia, aunque no exporta estos metales en grandes volúmenes a EE.UU., sí depende de la importación de acero y aluminio para sectores estratégicos como la construcción, la infraestructura y la manufactura. Un encarecimiento de estos insumos podría elevar los costos de proyectos públicos y privados, afectando el dinamismo económico y la competitividad de diversas industrias.

Además, una desaceleración en las economías más afectadas, como México y Brasil—principales proveedores de estos metales a EE.UU.—podría generar efectos colaterales en el comercio regional. Una caída en la demanda industrial en estos países impactaría las cadenas de valor de otros sectores, afectando exportaciones e inversiones en toda América Latina, incluyendo Bolivia.