La disposición adicional séptima del PGE 2025 otorga a las autoridades la facultad de fiscalizar, decomisar y sancionar a quienes retengan, almacenen o incrementen los precios de productos esenciales. El Gobierno la justifica como una medida para evitar la especulación y el desabastecimiento, pero los empresarios advierten que podría ser utilizada de manera arbitraria y afectar la producción formal.

Preocupaciones del sector industrial

La disposición adicional séptima del PGE 2025 faculta a las autoridades competentes a realizar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a quienes retengan, almacenen o intenten incrementar los precios de alimentos esenciales. Pablo Camacho, presidente de la CNI, calificó esta medida como «discrecional, arbitraria y, en algún momento, puede terminar siendo extorsiva», señalando que su aplicación subjetiva podría generar incertidumbre y ahuyentar las inversiones que Bolivia tanto necesita.

Además,  destacó que el sector industrial ya está regulado por normas vigentes y que no se justifica la creación de más regulaciones que afecten a más de 700 mil trabajadores fabriles y sus familias, que suman más de 2,5 millones de personas. Subrayó que los industriales aportan el 17% del PIB y que las leyes actuales contra el agio y el contrabando son suficientes, pero su aplicación debería enfocarse en los comerciantes informales y contrabandistas.

Impacto en la economía nacional

Los industriales advierten que la aplicación de esta disposición podría tener graves repercusiones económicas. Señalan que las empresas, especialmente las micro y pequeñas, podrían reducir o incluso detener su producción para evitar los riesgos asociados a los controles arbitrarios. Esto agravaría el desabastecimiento y reduciría la recaudación tributaria.

Asimismo, cuestionan que, mientras países vecinos refuerzan incentivos para atraer inversiones privadas, Bolivia estaría adoptando medidas que desalientan tanto a inversionistas nacionales como extranjeros. La CNI y otras organizaciones empresariales han solicitado al Gobierno implementar políticas económicas que fortalezcan el desarrollo del sector industrial nacional en lugar de medidas represivas.

Ante la eventual aprobación del artículo, la CNI adelantó que recurrirán a acciones legales para impugnar la norma.  Los industriales insisten en la necesidad de abrir un diálogo con las autoridades para buscar un equilibrio entre la protección al consumidor y la seguridad jurídica, que permita fomentar la producción y la inversión en el país. En este sentido, han solicitado al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa la derogación de la disposición séptima, apelando a que «es el momento de despojarse de colores e ideologías políticas» y brindar la seguridad jurídica que el país necesita.

El Gobierno, por su parte, defiende la disposición como un instrumento clave para proteger a los consumidores de prácticas especulativas que afectan su acceso a productos básicos. «Todos los niveles de gobierno actuarán para garantizar el abastecimiento y evitar que los alimentos esenciales se encarezcan injustificadamente», aseguró Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor.