En los últimos días, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha sido objeto de críticas tras la revelación de supuestos sobreprecios en la importación de diésel. Según denuncias formuladas por exministros del gobierno, la empresa estatal habría pagado aproximadamente $us 723,4 millones de más entre enero de 2022 y marzo de 2023.

Las denuncias: sobreprecios y contratos cuestionados

Las acusaciones surgen a raíz de una comparación entre los precios a los que YPFB importó diésel y los que lograron obtener empresas privadas como las mineras San Cristóbal y Manquiri. Según datos expuestos por la exministra Teresa Morales, en marzo de 2022, estas compañías privadas importaron diésel a $us 1,175 por kilo, mientras que YPFB lo adquirió a $us 1,623 por kilo, generando una diferencia de $us 33 millones en solo un mes.

Uno de los puntos más polémicos es la adjudicación de contratos a Botrading S.A., una empresa subsidiaria de YPFB constituida en Paraguay. La exministra señaló que esta firma se benefició con procesos de licitación cuestionables, incrementando los costos de importación. El diputado Héctor Arce también ha denunciado irregularidades en la contratación de Botrading, asegurando que la firma habría vendido combustible a precios más altos de lo normal.

YPFB responde: ahorro y legalidad en los contratos

Ante la ola de críticas, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, defendió la creación de Botrading S.A., argumentando que la empresa fue constituida para reducir costos y romper el monopolio de dos traders internacionales que dominaban el mercado desde 2015. Según Dorgathen, la competencia generada por Botrading permitió a la estatal ahorrar más de $us 30 millones en compras de combustibles, forzando a otros proveedores a reducir sus precios.

YPFB también ha desmentido que Botrading reciba contratos directos, asegurando que participa en licitaciones en igualdad de condiciones con otros proveedores. Desde su creación en 2023 hasta la fecha, Botrading ha participado en 13 de más de 40 procesos de licitación y se ha adjudicado 10 de ellos. Además, la empresa estatal ha anunciado acciones legales contra el diputado Héctor Arce por difamación, indicando que sus acusaciones dañan la imagen de YPFB y afectan la confianza en la gestión energética del país.

Impacto en Bolivia y la región

El escándalo en torno a YPFB y sus contratos de importación de diésel ha generado incertidumbre en el sector energético y en la opinión pública. Las denuncias de sobreprecio y las respuestas de la estatal han reavivado el debate sobre la transparencia y la eficiencia en la administración de los recursos energéticos del país.

En un contexto donde Bolivia depende en gran medida de la importación de combustibles, cualquier irregularidad en la gestión de YPFB puede tener un impacto significativo en la estabilidad económica nacional. A nivel regional, la transparencia y eficiencia en la compra de diésel también pueden influir en las dinámicas de precios y abastecimiento de América Latina.