Asosur, la entidad que agrupa a las estaciones de servicio privadas en Bolivia, ha levantado una voz de alerta frente a lo que describe como una reducción de cupos de combustible en los surtidores privados. Esta situación, aseguran, comenzó hace aproximadamente seis meses y ha intensificado las dificultades en la distribución, afectando directamente a empresarios del sector y, en consecuencia, a los consumidores finales en varias regiones del país.

De acuerdo con el pronunciamiento emitido por la asociación, YPFB habría implementado esta reducción de manera progresiva, generando un desabastecimiento que resulta en largas filas y tiempos de espera en diversas estaciones, un problema que se agrava en zonas rurales y algunas capitales. Asosur sostiene que la estatal estaría priorizando la distribución de combustibles hacia estaciones de su propiedad, dejando en desventaja a las empresas privadas, que cumplen una función crítica para mantener el suministro constante en todo el país.

En una conferencia de prensa, representantes de Asosur explicaron que estas medidas de reducción y trato desigual están comprometiendo la viabilidad de sus operaciones, ya que los cupos de combustible otorgados no son suficientes para satisfacer la demanda habitual. «Nos sentimos discriminados. No se nos está tratando en igualdad de condiciones y estamos en una situación límite que afecta a cientos de estaciones y pone en riesgo a miles de empleos», expresó un portavoz de la asociación.

La asociación advirtió que, de mantenerse esta situación, las estaciones privadas podrían verse forzadas a reducir aún más la frecuencia de abastecimiento o incluso, en casos extremos, cerrar temporalmente sus operaciones en ciertos horarios para optimizar los recursos de combustible disponibles. Esta problemática, además, podría tener un impacto en el precio final de los productos transportados, encareciendo indirectamente la cadena de suministro en sectores económicos que dependen del combustible, como la agricultura, la minería y el transporte.

En respuesta, YPFB ha señalado que su intención es optimizar la distribución de combustibles para mitigar los efectos de la demanda creciente, aunque no ha comentado directamente sobre las acusaciones de discriminación. La estatal también ha asegurado que mantiene una política de abastecimiento justo y equitativo, aunque algunos actores del sector privado consideran que las medidas recientes evidencian lo contrario.