El cierre de 2024 trajo consigo un balance inflacionario que refleja la diversidad de situaciones económicas en Latinoamérica. Según el último ranking regional, la inflación varió significativamente entre países, evidenciando factores internos y externos que impactan el costo de vida y las decisiones de política económica.

Bolivia y los desafíos inflacionarios

Bolivia, con políticas económicas que intentan equilibrar el control de precios y el fomento a la producción interna, se ubica en un punto intermedio del ranking. Sin embargo, expertos advierten que el aumento en el costo de bienes importados, como alimentos y combustibles, podría presionar aún más los indicadores inflacionarios de cara a 2025.

Bolivia se enfrenta a una inflación acumulada del 8,82% hasta noviembre de 2024, según los últimos reportes, lo que representa su nivel más alto en 17 años. Este incremento ha sido impulsado principalmente por el encarecimiento de alimentos y servicios de transporte. Productos básicos como la carne de res, el arroz y el pollo al espiedo destacan entre los más afectados, mientras que otros bienes como huevos y locoto han mostrado disminuciones menores, insuficientes para revertir la tendencia general.

El aumento de costos se ve agravado por factores externos, como el encarecimiento de bienes importados debido a la escasez de divisas, y por tensiones internas, incluyendo bloqueos de carreteras que han afectado la distribución de productos esenciales. A esto se suma un contexto político volátil, que ha obstaculizado el diseño e implementación de medidas económicas efectivas.

Perspectivas regionales

Chile y Colombia destacan por registrar importantes reducciones en sus tasas inflacionarias respecto al año anterior. Las estrategias de estas economías han girado en torno a ajustes en la política monetaria, con aumentos de tasas de interés para frenar la demanda interna y estabilizar precios, aunque esto también ha desacelerado el crecimiento económico.

En contraste, países como Argentina se enfrentaron a una inflación acumulada que ronda el 120%, con un peso significativo en alimentos y servicios básicos, lo que profundiza las desigualdades sociales. Estas cifras alarmantes han derivado en reformas económicas de emergencia, aunque su éxito aún está por verse