En respuesta a la escasez de diésel y gasolina, el Gobierno de Bolivia anunció una medida extraordinaria que autoriza a compañías privadas a importar y comercializar estos combustibles. Esta iniciativa, contemplada en un nuevo decreto, busca contrarrestar la creciente demanda de hidrocarburos y reducir la dependencia de YPFB, que hasta ahora mantenía el monopolio en la importación de combustibles. Esta situación ha sido señalada como un factor que limita la capacidad del país para responder con agilidad a las fluctuaciones en el suministro.

La escasez de combustibles ha generado preocupación entre empresarios y sectores estratégicos como el transporte y la industria, afectando directamente la productividad y estabilidad del mercado nacional. La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia advirtió recientemente que la falta de diésel ha impactado en el movimiento de mercancías, lo que podría traducirse en mayores costos de producción y pérdida de competitividad en el mercado internacional. De acuerdo con representantes del sector, la liberación de importaciones para los privados abre la puerta a una diversificación en la provisión y podría reducir la incertidumbre en el suministro de energía en el corto y mediano plazo.

Para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y evitar el aumento de precios, el decreto estipula que los privados deben obtener la autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y la comercialización de los productos estará sujeta a la supervisión de este organismo. La medida, sin embargo, no está exenta de desafíos. Analistas económicos advierten que una apertura sin control podría ocasionar una sobreoferta que termine afectando los precios. No obstante, en un contexto de alta demanda y de creciente presión en el mercado energético, la entrada de actores privados podría constituirse en una solución para aliviar el déficit actual y reducir los problemas de distribución, mejorando la eficiencia del sistema.

Con la habilitación para que privados puedan importar y vender combustibles, el Gobierno intenta no solo dar una respuesta rápida a la escasez, sino también adaptar el modelo energético nacional a una situación en la que YPFB, según han señalado expertos, enfrenta crecientes dificultades para cumplir con la totalidad de la demanda interna. Esta decisión podría marcar un punto de inflexión en el manejo de la política energética en Bolivia, que hasta ahora había sido predominantemente estatal.