Los economistas de la CAF sostienen que existe un círculo vicioso entre informalidad y bajo crecimiento, donde la falta de productividad generalizada genera empleos precarios fuera del marco formal y, a su vez, esa misma informalidad limita las oportunidades de inversión, innovación y acumulación de capacidades técnicas en las economías. Esta dinámica dificulta que el crecimiento promedio de la región supere tasas modestas cercanas al 2 % anual, muy por debajo de otras regiones emergentes.

La informalidad también se asocia con fuertes brechas en protección social, ya que millones de trabajadores fuera del mercado formal carecen de acceso a servicios básicos como salud, pensiones o mecanismos de ahorro y seguro de desempleo. Esa falta de cobertura agrava la vulnerabilidad de hogares y amplía la desigualdad socioeconómica en una región donde la pobreza y la precariedad laboral siguen siendo desafíos persistentes.

Impacto fiscal y competitividad de mercados

Una economía con altos niveles de informalidad tiende a tener una base tributaria erosionada, lo que limita la capacidad de los gobiernos para financiar gasto público esencial sin incurrir en déficits mayores o depender de fuentes de financiamiento costoso. Según diagnósticos del Fondo Monetario Internacional, economías con gran informalidad enfrentan retos para ampliar la recaudación sin desincentivar la formalización, lo que puede generar tensiones fiscales y presionar desequilibrios presupuestarios.

La informalidad también afecta la competitividad de las firmas formales al favorecer actividades que eluden las obligaciones laborales y tributarias, reduciendo así la productividad promedio del sector privado y limitando la capacidad de las empresas para acceder a crédito formal y tecnologías avanzadas, según análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Relevancia para Bolivia y la región

En el caso de Bolivia, el nivel de empleo informal también se sitúa entre los más elevados de la región, con estimaciones que lo ubican cerca del 80 % de la fuerza laboral en actividades fuera del marco formal regulado. El desafío para el país es complejo: la alta informalidad reduce la base de cotizantes a la seguridad social, limita el acceso de las empresas pequeñas a financiamiento formal y presiona las finanzas públicas debido a menores ingresos tributarios.

Una economía con elevada informalidad enfrenta obstáculos adicionales en el diseño de políticas públicas que promuevan competitividad sectorial, inversión extranjera y acceso a mercados globales. La falta de formalización contribuye a tensiones fiscales y complica la planificación de política monetaria y cambiaria en un contexto de reservas limitadas y presiones externas sobre precios y crecimiento.

La informalidad en América Latina ya no es un fenómeno marginal, sino un factor estructural que condiciona la productividad, la sostenibilidad fiscal y la capacidad de los países para generar empleo de calidad. Para Bolivia y la región, avanzar hacia mayores niveles de formalización laboral y empresarial es una condición indispensable para fortalecer la competitividad, expandir la base tributaria y mejorar las perspectivas de crecimiento a largo plazo.