El presidente de Bolivia, Luis Arce, declaró el 30 de septiembre de 2024 el «desastre nacional» debido a los incendios forestales que han devastado amplias zonas del país, especialmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Esta decisión llega tras meses de incendios incontrolables que han afectado más de siete millones de hectáreas, convirtiendo a este año en uno de los más destructivos en términos medioambientales.

La declaración de desastre se realizó desde Santa Cruz, la región más afectada, donde las llamas han arrasado grandes extensiones de la Chiquitania, un área de alta biodiversidad y valor cultural. Según las autoridades locales, solo en Santa Cruz se han perdido más hectáreas que en el récord de incendios de 2019. Ante la magnitud de los daños, diversos sectores, incluidos líderes políticos y organizaciones sociales, venían exigiendo al gobierno una respuesta contundente. Entre los solicitantes estaban figuras como los expresidentes Carlos Mesa y Evo Morales, además de autoridades locales como el gobernador Mario Aguilera.

Medidas Inmediatas y Cooperación Internacional

El decreto de desastre permitirá redirigir recursos económicos y solicitar asistencia internacional para combatir el fuego y atender a las comunidades afectadas. El Ministerio de Economía asignará los fondos necesarios para estas labores, mientras que se ha impulsado la cooperación de países como España, Brasil, Canadá, Francia, y otros, que ya han enviado equipos y personal especializado para apoyar en las labores de extinción y recuperación. Asimismo, el presidente Arce anunció medidas adicionales, como una ley que endurece las penas contra quienes provoquen incendios y otra que busca evitar la redistribución de tierras fiscales quemadas, una práctica que ha contribuido a la expansión del fuego en algunas áreas.

El desastre ha dejado un impacto irreversible en el medioambiente y la biodiversidad del país, y las autoridades ya están planificando un plan de recuperación post-desastre. A pesar de algunas lluvias recientes que han aliviado brevemente la situación, las previsiones climáticas no son alentadoras. La prolongada sequía en varias regiones de Bolivia ha exacerbado la situación, complicando aún más los esfuerzos por controlar los incendios.

El gobierno boliviano, además de enfrentar el reto inmediato de los incendios, deberá planificar una recuperación a largo plazo que minimice el riesgo de futuras catástrofes de esta magnitud.