Análisis de Juan Antonio Morales, economista, doctor en economía y expresidente del Banco Central de Bolivia

Introito

Salvador Romero Pittari solía decir con sorna que hay críticos de libros que nunca los han leído. A riesgo de caer en el reproche de mi muy recordado amigo, confieso que no he leído el Informe de la Comisión Legislativa intitulado grandilocuentemente Neoliberalismo, enajenación de las empresas públicas y recursos naturales de Bolivia, 1985-2005. Usaré de aquí en  adelante el acrónimo NEEPRN para referirme a él. Tampoco lo leeré, porque no tengo paciencia ni edad para zamparme más de 2.700 páginas escritas en lerdo “tecnocratese.”

Siempre he sentido conmiseración  por los cubanos y venezolanos  que tenían que aguantar ocho horas de peroratas de Castro y de Chávez. Tampoco he tenido paciencia para escuchar las letanías de cifras de los informes de gestión del presidente Morales. Mis comentarios acerca del NEEPRN se basarán entonces en las argumentaciones televisivas de sus presentadores, el senador Medinaceli y el exsenador Mendoza, las que me han parecido defectuosas y muy alejadas de lo que realmente pasó. Para comenzar, no sitúan las decisiones en el contexto de la época.
La historia verdadera después del DS21060

Durante el gobierno de Paz Estenssoro no hubo privatizaciones. Era la crítica que yo escuchaba en los foros de expertos latinoamericanos a los que asistía. Si bien con el DS 21060 se había estabilizado la inflación y se habían liberalizado los mercados de bienes, de crédito y, parcialmente, del trabajo, el sector público seguía hipertrofiado.

La relocalización de los trabajadores mineros, que no fue una privatización,  fue motivada por el shock para la economía nacional que significó el derrumbe del mercado internacional del estaño, que por ese entonces era la principal exportación boliviana. Por culpa de ese shock el programa de estabilización casi hizo aguas. Sin duda, la relocalización podía haberse hecho más cuidadosamente, un reparo que siempre he sostenido.

Las privatizaciones del gobierno de Paz Zamora fueron de pequeñas empresas de las Corporaciones Regionales de Desarrollo (CRD), heredadas de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF). Como nos   recuerda Samuel Doria Medina, la CBF fue concebida, cuando se fundó, como capital semilla, para que una vez que las empresas alcanzaran madurez, fuesen traspasadas al sector privado.

Más de peso era el argumento que muchas de las empresas de la CRD eran deficitarias o tenían serios problemas de gobierno corporativo. Algunas de esas empresas nunca debían haber estado en el sector público. Parafraseando a un conocido político chileno, había empresas de palitos para helados, que obviamente no eran estratégicas.

El valor de mercado de una empresa está en función de su rentabilidad actual y de sus rentabilidades futuras esperadas. Puede diferir del valor de adquisición de la empresa o de sus activos. Lo importante era que la privatización se efectuara de manera transparente, que creo fue el caso.

La ingeniosa capitalización

En la capitalización se empleó una ingeniería financiera ingeniosa pero complicada. Financiar a las empresas ya existentes emitiendo nuevas acciones es una práctica corriente en los mercados financieros desarrollados. Con esa modalidad se comparten riesgos, pero a costa de una dilución del control de la empresa por sus propietarios originales. Por otra parte, la valoración de las nuevas acciones es compleja en mercados financieros incipientes, como era nuestro caso, pero se hizo lo mejor que se podía simulándolos.

Hay varios ejemplos internacionales de empresas estatales que aumentaron sus instalaciones financiándolas con emisiones de acciones en los mercados privados de capital. Lo hicieron prestigiosas empresas aéreas europeas y, más cerca de nosotros, lo hizo Petrobras, años antes de que estallaran los escándalos de corrupción.

La capitalización fue una ampliación del capital de las empresas pero no fue solo eso. La propiedad estatal de las empresas fue transferida a un Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) para asegurar el pago del Bonosol, que era una renta universal de vejez. Al principio el Bonosol sería pagado con las utilidades del FCC, pero con el tiempo sería también pagado vendiendo las acciones. La combinación con el Bonosol hacía que la capitalización fuese un proceso de privatización a plazos.

Con  la capitalización y con una tributación que combinaba regalías con impuestos a las utilidades, se descubrieron los grandes campos gasíferos que han beneficiado enormemente al país y a este Gobierno. Con todo, faltó acompañar este proceso con un reforzamiento de las instituciones de tributación.

El senador Medinaceli yerra al decir que la capitalización motivó el cambio al RC-IVA que propuso el gobierno de Sánchez de Lozada en febrero de 2003. Las dificultades fiscales de la época se debían al costo de la reforma de pensiones y a la crisis regional desatada luego de la devaluación brasileña de enero de 1999. No se debieron a la capitalización, la que más bien en esos años fue el soporte más importante de la demanda agregada.

Los autores del NEEPRN yerran igualmente en su cálculo del valor en dólares de hoy del supuesto costo de las privatizaciones y capitalizaciones. No sé cómo habrán hecho sus cómputos los auditores que, por mi experiencia, cometen con frecuencia errores garrafales. Aún torturando a los datos yo llego a 16.500 millones y no a 21.000 millones. No se conoce la trayectoria profesional de los expertos que elaboraron el NEEPRN. Sería bueno que sean las universidades que juzgaran cuán buenos son.

Hay excelentes libros que, con mucha autoridad y con menos sesgo y politización que el NEEPRN, analizan las privatizaciones y el proceso de capitalización. Tal es el caso del libro compilado por Eduardo Antelo y Luis Carlos Jemio Políticas de Estabilización y de Reformas Estructurales en Bolivia a partir de 1985 (La Paz, 2000). Debo mencionar también el trabajo Un Siglo de Economía en Bolivia, 1900-2015 compilado por Pacheco y Velásquez (La Paz, 2018). Por último y con mucha inmodestia debo mencionar mi libro La Política Económica Boliviana 1982-2010, publicado el año 2012.

Tomado de Página 7 

Foto: Los Tiempos