La reunión entre el Gobierno y sectores productivos no solo evaluó el impacto del Decreto Supremo 5503, sino que también estableció una agenda de trabajo conjunto que podría facilitar el avance de políticas que modifiquen incentivos productivos, reglas fiscales y certidumbre jurídica para inversiones en 2026
Representantes del sector productivo, gremial y agroindustrial de Bolivia coincidieron en que la reunión con el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, marca un punto de inflexión hacia un entorno de mayor certidumbre económica en 2026, sustentado en una lectura compartida de desafíos estructurales y ajustes normativos recientes.
Encuentro clave entre Gobierno y sector productivo
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Anapo y otras organizaciones gremiales sostuvieron un encuentro con el ministro José Gabriel Espinoza, con el objetivo de discutir el contexto económico y normativo del país. En el centro del diálogo estuvo el Decreto Supremo 5503, que eliminó la subvención a los combustibles en Bolivia, una medida fiscal que el Gobierno interpreta como un paso hacia mayor orden macroeconómico.
Las partes coincidieron en que el cierre de 2025 “marca un punto de inflexión” tras años de tensión entre sector productivo y políticas estatales. Los gremios destacaron la importancia de reglas claras, certidumbre jurídica y mecanismos institucionales que favorezcan la inversión productiva, especialmente en actividades agropecuarias y manufacturas.
Macroeconomía y credibilidad institucional
El año 2025 estuvo marcado por ajustes significativos en la economía boliviana, incluyendo la eliminación del subsidio a carburantes como parte del esfuerzo del Gobierno de reordenar el gasto público y frenar salidas de recursos del Estado. Organismos multilaterales han señalado que ajustes fiscales de este tipo pueden contribuir a mejorar la estabilidad macroeconómica cuando son parte de una estrategia más amplia de sostenibilidad fiscal y crecimiento.
El ministro Espinoza calificó el Decreto 5503 no como una medida aislada sino como el inicio de un proceso de transformación económica orientado a la estabilidad y producción, destacando que el Estado busca crear incentivos para el sector productivo y fomentar inversiones que impulsen la actividad económica.
Implicaciones para la producción nacional y exportaciones
El presidente de la CAO, Klaus Frerking, reconoció las dificultades de 2025, incluyendo escasez de diésel, falta de divisas y altos costos operativos, pero sostuvo que el diálogo con el Gobierno abre expectativas sobre una agenda estructural de largo plazo. El sector agropecuario en Bolivia produjo alrededor de 5,6 millones de toneladas de granos en 2025, contribuyendo a la seguridad alimentaria y generando excedentes exportables, según cifras presentadas por los propios gremios.
De cara a 2026, los productores han señalado la necesidad de soluciones en aspectos como acceso a biotecnologías, seguridad jurídica sobre la tierra, financiamiento bancario para pequeños productores y liberación de exportaciones en ciertos rubros. Estas demandas responden a la percepción de que un entorno regulatorio más transparente puede facilitar la ampliación de la base productiva y mejorar la competitividad internacional.
Señales para la inversión y confianza empresarial
La evaluación compartida de obstáculos por parte del Gobierno y los sectores productivos puede influir positivamente en la percepción de riesgo país y en la toma de decisiones de capitales nacionales e internacionales. En economías emergentes, la interacción técnica y el diálogo institucional han sido valorados por agentes económicos como señales de reducción de incertidumbre y mayor previsibilidad para el financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura. Informes de Bloomberg y Reuters sobre mercados emergentes subrayan que la coordinación público-privada es un factor clave para mejorar el clima de inversión.
Cooperación sectorial y políticas complementarias
El Gobierno anunció que se trabaja en la reglamentación de la norma y medidas complementarias, junto con posibles proyectos de ley que permitan consolidar el nuevo rumbo económico. Entre las áreas identificadas por los gremios están temas tributarios, acceso a crédito y seguridad jurídica, considerados por los productores como esenciales para sostener inversiones y dinamizar la producción en 2026.
La reunión entre las autoridades económicas y el sector productivo en Bolivia representa un avance en la construcción de puentes entre el sector público y los agentes productivos luego de períodos de tensión normativa. Más allá de los reclamos históricos, el enfoque en diálogo técnico y la identificación de coincidencias sobre obstáculos estructurales podrían contribuir a mejorar la estabilidad económica y a impulsar un entorno de inversión más previsible para 2026. La forma en que se traduzcan estos acuerdos en políticas concretas y marcos regulatorios será clave para la confianza empresarial y para las variables macroeconómicas de mediano plazo.





