La economía de Bolivia se enfrenta a una encrucijada seria. Una combinación de drásticas reducciones en los ingresos hidrocarburíferos, subsidios energéticos persistentes y un déficit fiscal elevado ha llevado el país a un punto donde el Estado ya no dispone del “oxígeno” necesario para sostener sus funciones normales. Según informes del Fondo Monetario Internacional y otros organismos, los ingresos estatales se han visto comprometidos por la rápida caída de las exportaciones de gas natural, principal fuente de divisas en el pasado reciente. La producción gasífera, según los datos disponibles, ha retrocedido en los últimos años, lo que ha afectado directamente las transferencias al fisco y la capacidad de inversión pública del país. Por ejemplo, el gobierno reportó que la recaudación por impuestos a los hidrocarburos cayó hasta los 10.868 millones de bolivianos en 2023, frente a cifras históricamente superiores cuando se registraban más de 27.000 millones en 2014.

Este deterioro fiscal coincide con una menor liquidez de divisas, lo cual se traduce en restricciones de importación, escasez de combustible, y encarecimiento de los costos logísticos y energéticos para el sector productivo. El déficit fiscal de Bolivia, que para el período 2023-24 superó el 10 % del producto interno bruto según el FMI, muestra que el Estado ha tenido que financiar su desbalance no solo con deuda, sino mediante una presión creciente sobre sus reservas y sobre el Banco Central. Asimismo, la dependencia de subsidios para mantener precios internos por debajo de los costos de importación contribuye a agravar la tensión sobre las finanzas públicas.

En el frente macroeconómico, la falta de margen presupuestario y de estabilización limita seriamente la capacidad de los sucesivos gobiernos para responder a choques externos. La imposibilidad de aplicar estímulos fiscales consistentes sin comprometer la estabilidad financiera reduce las herramientas disponibles para la reactivación económica. En este contexto, el crecimiento proyectado por organismos internacionales es modesto o incluso negativo, lo que refuerza la urgencia de reformas estructurales que vayan más allá de la coyuntura.

Para Bolivia, el camino hacia un nuevo ciclo económico exige diversificar las fuentes de ingreso del Estado, mejorar la eficiencia del gasto público, liberalizar sectores productivos y atraer inversión externa que no dependa exclusivamente de los hidrocarburos. Solo bajo esas condiciones podrá recuperarse el “oxígeno fiscal” indispensable para impulsar crecimiento, empleo y estabilidad macroeconómica.