La demanda de Soboce buscaba una indemnización de 269 millones de dólares por la expropiación de Fancesa, que fue decretada por el gobierno del expresidente Evo Morales en 2010. Soboce alegó que la expropiación fue inconstitucional y que no se le pagó una indemnización justa.

El Estado boliviano objetó la competencia de la CPA, argumentando que el caso debía ser resuelto por los tribunales bolivianos. El Tribunal Arbitral aceptó la objeción y se declaró incompetente.

La decisión de la CPA fue celebrada por el gobierno boliviano. El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que la decisión era un «triunfo de la justicia».

Soboce, por su parte, dijo que estaba decepcionada con la decisión y que continuaría buscando una indemnización por la expropiación de Fancesa. La empresa anunció que podría recurrir a los tribunales bolivianos o a otros tribunales internacionales.

El caso Fancesa es uno de los más importantes casos de expropiación en Bolivia. La decisión de la CPA podría tener implicaciones para otros casos de expropiación en el país.