El próximo Ejecutivo heredará una economía con severas restricciones para importar combustibles por falta de divisas, una crisis energética que pone en riesgo el ciclo productivo, y una urgencia fiscal que obliga a actuar con medidas estructurales desde el primer día.
La crítica escasez de dólares para importar energía
Se reporta que YPFB reducirá temporalmente el suministro de combustibles al 70 %-80 % debido a la imposibilidad de conseguir dólares suficientes para completar las importaciones. Esta situación no es coyuntural: el gobierno reconoció públicamente que carece de liquidez externa para importar gasolina y diésel con normalidad. En marzo, el ministro de Hidrocarburos admitió que “no tenemos las divisas necesarias para la importación.”
El hecho de que Bolivia dependa casi totalmente de importaciones de combustible, cerca del 90 % del diésel consumido es externo, intensifica la vulnerabilidad del país frente al acceso a divisas. Ante un panorama de reservas tensas y bloqueo legislativo a créditos, gran parte del mercado energético ya está siendo abastecido parcialmente, lo que ha generado filas prolongadas, restricción de rutas de transporte y protestas del sector agrícola.
Riesgos concretos para la producción, logística y finanzas estatales
Las restricciones energéticas afectan de forma directa al agro, al transporte y a la cadena de suministro. Tractores, maquinaria e insumos esenciales requieren combustibles para operar. Si las estaciones no pueden abastecerse al ritmo necesario, la producción agrícola corre el riesgo de retrasos, pérdidas parciales o aumento del costo logístico.
Para las empresas, la incertidumbre energética se traduce en costos elevados y planes operativos debilitados. El recorte de suministro implica que transportistas que movilizan productos agrícolas y bienes industriales podrían quedar sin respaldo suficiente para cumplir rutas, especialmente en zonas rurales.
En términos fiscales, las importaciones energéticas se pagan en dólares, pero el Estado subsidia esos combustibles en bolivianos. La brecha entre costos reales en divisas y los precios internalizados subsume pérdidas mensuales que impactan negativamente las cuentas públicas. En un entorno donde la presión inflacionaria ya golpea el bolsillo de los ciudadanos, el Estado carece de margen para absorber estos costos sin ajustes y sin deteriorar su credibilidad fiscal.
La dimensión política y los riesgos inmediatos
La discordia política en la Asamblea Legislativa ha trabado la aprobación de créditos externos por US$ 1.600 millones, destinados en buena parte al financiamiento del combustible. Ese bloqueo legislativo se ha convertido en un nudo gordiano que impide normalizar el flujo de dólares.
La crisis energética también provoca riesgo de desorden social: ya se registran protestas de transportistas y agricultores que exigen garantías de suministro. La gestión del nuevo gobierno deberá encarar el tema energético no como un problema técnico, sino como un desafío estratégico para restablecer la confianza en la gobernabilidad y la productividad nacional.
Caminos ineludibles para mitigar el choque
Para contener el impacto, el próximo gobierno debe destrabar cuanto antes el crédito externo aprobado en instancia legislativa, para liberar dólares y restablecer la cadena energética. Será imprescindible modernizar la gestión de YPFB, consolidar acuerdos con proveedores internacionales, diversificar fuentes energéticas internas y fortalecer la inversión en exploración de gas para reducir dependencia externa.
Adicionalmente, ajustar progresivamente los subsidios energéticos, focalizarlos y diseñar mecanismos compensatorios para los sectores más vulnerables permitirá liberar recursos fiscales. La mejora en infraestructura logística y fortalecimiento del mercado interno deberán acompañarse de responsabilidad cambiaria.
